Este domingo, Ecuador tendrá elecciones presidenciales. Todo indica que la definición final sería en un ballotage el 13 de abril. Son 16 los candidatos pero resaltan dos: el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González. Se repetiría de esta manera, el binomio de hace quince meses atrás cuando ambos fueron a segunda vuelta. Para ganar en la primera, un candidato debe superar el 50 por ciento de los votos u obtener -al menos- el 40 con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Se presume que ninguna de estas opciones ocurriría.
Él es el hijo de una de las familias más adineradas de Ecuador. Su padre, un prominente exportador de banano, Álvaro Noboa compitió cinco veces por la presidencia. Hoy se encuentra viviendo en Nueva York y su estado de salud es muy delicado. Su descendiente -que está cumpliendo su sueño- nació en Miami en 1987 y es el mandatario más joven del continente. Éste buscará mantenerse en el poder por cuatro años más. Dato: fue uno de los pocos líderes invitados a la asunción de Donald Trump.
En tanto ella, la candidata correísta, va por la revancha. Nació en 1977 en la provincia de Manabí, desarrolló su carrera en la función pública, desempeñándose en distintos cargos durante el gobierno de Rafael Correa, y más tarde como asambleísta nacional. Su nominación representó un intento de restaurar las políticas del correísmo, enfocándose en el fortalecimiento del Estado, la inversión pública y el combate a la inseguridad.
En la primera vuelta electoral de agosto de 2023, González obtuvo mayor cantidad de votos que Daniel Noboa, pero en el balotaje fue derrotada. El actual presidente logró capitalizar el voto anti-correísta y el deseo de cambio de un electorado dividido. En el ballotage de octubre, Noboa resultó electo con el 51.83 por ciento mientras que González obtuvo el 48.17 por ciento. La ecuación para muchos fue muy simple: ella representa el pasado, en cambio él es eñ futuro.
Las crisis que ha tenido el país en los últimos años, no han sido sólo políticas, sino que han abarcado prácticamente todas las áreas de la sociedad. Antes Ecuador era llamado la “isla de paz” porque si bien se encuentra entre Perú y Colombia -dos grandes productores de cocaína- el territorio no se veía afectado por las mafias de la droga. Pero las cosas cambiaron y el narcotráfico y la violencia han tomado todas las áreas de la vida ciudadana. Su núcleo urbano más pujante, Guayaquil, hoy es nombrado como “GuayaKill” por el número de asesinatos.
Esta es la tercera vez -en cuatro años- que Ecuador elige presidente. Es hoy el país más violento de América Latina, y uno en los que más ha aumentado la pobreza, llegando al 28 por ciento en diciembre de 2024. Pero, ¿qué ha pasado para que la situación haya empeorado tanto en los últimos años?
En 2017, Lenin Moreno sucedió a Rafael Correa. Éste ganó las elecciones simulando ser la continuación de su proyecto político. Pero tomó distancia apenas tuvo en sus manos las riendas del poder y dio un drástico giro a la derecha. Enseguida pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) al que Correa se resistió por diez años. El mandatario celebró el endeudamiento como un gran logro, y giró el rumbo del país hacia las políticas de austeridad alineadas a las recetas del FMI, con el objetivo central de reducir el gasto público.
Cuando un Estado se endeuda con el FMI lo primero que hace, en su afán de cumplir con los requerimientos del organismo, es reducir a toda costa el déficit. Para lograrlo limita las partidas estatales más elementales como educación, salud y servicios básicos. Así lo sugiere el organismo y así actuó el gobierno de Lenin Moreno. Éste colaboró en el incremento de la pobreza, que entre otras cosas. creó el clima propicio para que miles de jóvenes carentes, que dejaron sus estudios durante la pandemia, sean reclutados por bandas criminales ofreciéndoles más que el salario mínimo.
Esto también implicó que quedaran demanteladas áreas sociales donde era vital la contención estatal. El recorte económico incluyó al sistema penitenciario que pasó de contar con 163 millones de dólares en 2017 a 90 millones en 2020. Lo cual no hizo más que empeorar la situación de las cárceles sumado a un sistema judicial que seguía enviando presos. Fue exactamente, cuando el Estado dejó de controlar estos lugares, cuando florecieron las bandas de crimen organizado y las mafias.
En 2021 llegó al poder el banquero Guillermo Lasso. Éste convocó sin éxito a los grupos criminales a negociaciones de paz. Su gobierno enfrentó tres grandes masacres en los penales. Los motines continuaron. Éstos que, al principio sucedían únicamente en las prisiones de Guayaquil, comenzaron a extenderse a otras regiones. ¿Cuál fue el discurso de su gobierno? ¿Asumir responsabilidad por la desinversión, la falta de control y las condiciones inhumanas de sus presos? Claro que no. La carga de la violencia carcelaria cayó directamente sobre las bandas de narcotraficantes.
Con el país cada vez más incendiado, una popularidad en declive y una fuerte oposición legislativa -que intentaba llevarlo a juicio político por presunta malversación de fondos- Lasso utilizó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada, en la que disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. De esta manera, evitó una probable destitución y permitió la elección de un nuevo presidente, Daniel Noboa, quien se encuentra completando el período que le hubiera tocado a Lasso.
La campaña electoral estuvo envuelta en una violencia sin precedentes. El pico más alto se produjo a principios de agosto de 2023, con el asesinato de unos de los candidatos presidenciales: Fernando Villavicencio. Éste, una semana antes había denunciado amenazas de Fito Macias, el líder de la banda Los Choneros, una de las más importantes del país y ligado al Cártel de Sinaloa. A pesar de este hecho inédito, las elecciones transcurrieron con chalecos antibalas, pero con relativa normalidad.
El gobierno de Daniel Noboa- que asumió el 23 de noviembre de 2023- ha enfrentado muchos desafíos. Aunque su corto mandato estuvo condicionado por la necesidad de sentar bases para su posible reelección en 2025. Una tarea que le ha resultado muy compleja por muchos factores.
En plena campaña, el actual presidente presume que durante el 2024, los homicidios en Ecuador bajaron un 16 por ciento en comparación con el año anterior, que fue el más violento jamás registrado. De todas maneras, la cifra sigue siendo muy alta, y podría incluso subir. Por ejemplo, este enero de 2025 ya se contabilizaron más de 600 muertes violentas. Esto es un 56 por ciento más que hace un año y aproximadamente una cada hora.
Un hecho que marcó el inicio de su gobierno, en enero de 2024, fue cuando un grupo de encapuchados con armas largas, cortas y explosivos irrumpió un canal de televisión en vivo en Guayaquil. Entonces, el presidente decidió militarizar la seguridad. Además, declaró al país en “conflicto armado interno” e identificó a 22 organizaciones criminales como “terroristas”. El mandatario promete cumplir en los próximos años con su llamado “Plan Fénix” con políticas de mano dura, construcción de prisiones más seguras y captura de líderes de las bandas criminales.
En abril de 2024, en un contexto de alta vulnerabilidad económica, Noboa obtuvo un nuevo préstamo del FMI. Y antes de terminar el mandato -el 24 de diciembre- recibió el segundo desembolso. De todas maneras, la situación económica apenas si mejoró. El Instituto de Estadísticas y Censos reportó que el país perdió 132.000 empleos plenos en un año y la tasa creció a un 3.7 por ciento. A esto se le suma una crisis energética sin precedentes. Una situación que se le atribuye a la sequía -que redujo la generación hidroeléctrica que es la principal fuente de energía del país- pero también a la falta de inversión en infraestructuras.
El último hecho, que conmovió a los ecuatorianos terminando el 2024 fue el asesinato de cuatro niños en Guayaquil. Lo que ha desatado una ola de indignación. Los jóvenes de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por militares cuando jugaban al fútbol. Fueron reportados como desaparecidos y tardaron días en encontrarlos. Sus cuerpos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre en una zona rural. Dieciséis miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana han sido procesados por desaparición forzada. El caso ha puesto en cuestión el rol de los militares en la seguridad interna y las violaciones de derechos humanos en el país.
Y como si le faltaran crisis, el mandato de Noboa termina con una polémica hacia adentro y cada vez más grande con su vicepresidenta, Verónica Abad. Ambos se encuentran enfrentados prácticamente desde el inicio de su gobierno. La situación escaló al punto que éste le impidió a la funcionaria ingresar -mediante el despliegue de fuerzas militares- en su despacho. Ella denunció un “golpe de Estado” planificado y solicitó la intervención de la comunidad internacional para proteger la democracia del país.
A estas elecciones, Ecuador llega sumido en una encrucijada profunda, donde la violencia, la crisis económica y la desconfianza en las instituciones marcan el pulso del país. Más allá de quién gane, la pregunta clave es si el próximo gobierno podrá devolverle la estabilidad a una nación que, en pocos años, pasó del optimismo al miedo. ¿Hay un camino realista para salir del colapso sin que el costo lo sigan pagando los más vulnerables? Las urnas ofrecerán un veredicto, pero la reconstrucción de Ecuador será un desafío que irá más allá de cualquier resultado electoral.