El ministro de Justicia y Seguridad de la República de El Salvador, Gustavo Villatoro, señaló este viernes en Radio 2 que el presidente de ese país, Nayib Bukele, ha “tomado el toro por los cuernos” en materia de seguridad pública y lucha contra el terrorismo, y que ello se ha reflejado en una drástica reducción en la tasa de homicidios que experimentó esa nación centroamericana.
Siempre según su versión de lo que ocurre en ese país, Villatoro dijo que el índice se redujo a 1,8 homicidio por cada 100 mil habitantes, “el más bajo de toda América”. El país se perfiló como el más violento del mundo en 2015, en razón de la violencia rampante que desplegaban pandilleros, también conocido como maras, en todo el territorio.
Como parte de la política contra el crimen organizado, el gobierno de Bukele inauguró este año el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 40 mil internos, cuyos primeros dos mil fueron trasladados en febrero. Las imágenes recorrieron el mundo: internos con gran parte del cuerpo tatuado en las más duras condiciones de disciplina.
El Cecot “es el monumento más grande construido a la justicia”, dijo Villatoro en diálogo con Pablo Motto (El Contestador). Y agregó: “Más de 6 millones de salvadoreños estaban secuestrados y a merced del plomo de estos grupos terroristas. En 9 meses le demostramos que sí se podía hacer”.
El funcionario de la primera línea del gobierno de Bukele describió los planes de la gestión en torno de la megacárcel y su funcionamiento, donde –aseguró– no hay conectividad, es decir, internet, señal o la posibilidad de comunicarse con el exterior.
“De las primeras acciones que se tomaron dentro del Plan de Control Territorial de junio de 2019 –momento de asunción de Bukele– fue recuperar el control de las cárceles. Porque, al igual que otros países de América latina y de otros vecinos del área centroamericana, a las cárceles no las controlaba el Estado, las controlaban las mafias”, siguió.
En ese afán –describió Villatoro– “no sólo utilizamos bloqueadores de señal, sino que conminamos a los operadores telefónicos a que no puedan dar señal en el entorno donde están nuestras cárceles. El que lo haga tiene multas millonarias”.
“Al Cecot sólo van a ir los miembros de las estructuras terroristas, es decir, aquellos que dentro de su ritual de ingreso –al mundo pandillero– tienen sí o sí quitarle la vida a otro salvadoreño”.
Estos grupos, según estimó Villatoro, han causado más de 120 mil homicidios en El Salvador.
Además, dijo que hay unos 8.500 internos que no son pandilleros y que, por iniciativa del gobierno, “salen a reparar escuelas, unidades de salud, puestos de policía; a limpiar playas, ríos, a arreglar casas destruidas por fenómenos naturales”.
Y aclaró que los internos que pertenecen a grupos terroristas “se quedan haciendo trabajos dentro de las cárceles”.
“¡Les juro por Dios que no comen un arroz!”
Entre las críticas al sistema de “mano dura” que impuso Bukele, se lo acusa de salirse de las normas democráticas e inhumanas (más cercanas a una dictadura). Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo acusó y se diferenció: “Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autonoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia no la destruimos”.
Sobre ese punto, el ministro Villatoro se explayó y habló de las condiciones dentro de esa megaestructura carcelaria. Al empezar su cruzada contra el crimen organizado en 2022 y mucho antes de inaugurar el Cecot, Bukele había amenazado con matar de hambre a los pandilleros detenidos si estos ordenaban represalias desde el penal.
“En un total tenemos 22 mil pandilleros detenidos, a los que tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida y en condiciones que, estoy seguro, ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si tratan de pasarse de vivos vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo duran”, dijo.
Y en un discurso posterior fue aún más directo: “Voy a aprovechar la oportunidad para enviarles un mensaje a los criminales. Por ahí circulan rumores de que quieren empezar a vengarse de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran ahí adentro. ¡Les juro por Dios que no comen un arroz! (…) Uds. desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles”, concluyó.
En enero de 1992, una comitiva del gobierno salvadoreño y la comandancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) firmaron en México un acta de paz que daba salida a un conflicto armado que dejó cerca de 75.000 muertos.
El acuerdo, considerado un éxito para Naciones Unidas en la resolución de conflictos, cifró nuevas esperanzas en el país y abrió la posibilidad para nuevos entendimientos políticos, electorales y económicos en un ambiente de armonía social.
Pero años después miembros de las maras, que se formaron en la ciudad de Los Ángeles con hijos de emigrantes de la guerra, fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador, instalando un problema que se esparció a Guatemala y Honduras.
“En 1993, el fenómeno fue creciendo. Antes de iniciar esta guerra, teníamos identificados a 50 mil miembros”, dijo Villatoro en El Constestador.
“En 2015, fuimos el deshonroso primer lugar en el mundo”, sostuvo el funcionario salvadoreño. Ese año, El Salvador registró la tasa de homicidios más alta de su historia y del mundo: 105,23 por cada cien mil habitantes.
Este funcionario aseguró que “durante los últimos 30 años los gobiernos se rodeaban del 3 por ciento de la población, entre ellos organismos internacionales, mafias internas, etcétera, y gobernaban para ese 3 por ciento. Se olvidaban del 97 por ciento de la Nación. Lo que nosotros estamos haciendo es dictar políticas ejerciendo nuestra labor con las fuerzas del orden en procura de ese 97 por ciento de la población”.
Y fue más lejos en sostener que “las políticas perversas que han diseñado para América latina nunca salga de la pobreza están en la justicia penal”.
Y cerró: “No vamos a heredarle a la generación futura de salvadoreños tener que lidiar nuevamente con ninguno de estos terroristas en ninguna de nuestras comunidades, barrios y ciudades. Lo que hicimos desde el gobierno es escuchar las necesidades del pueblo, de ese 97 por ciento de la población, a la que le habían vendido que la democracia es sólo ir a las urnas y elegir a los gobernantes”.