La noche del lunes, la tranquilidad en Tucumán se vio alterada por un mensaje intimidatorio dirigido al gobernador Osvaldo Jaldo, jueces y fiscales de la provincia. A través de un audio de WhatsApp, se lanzó una amenaza directa a las personas mencionadas, lo que desencadenó una rápida reacción de la Policía provincial. El mensaje, que inicialmente fue enviado a una periodista, alertaba sobre posibles agresiones a los hijos de Jaldo, del juez de Ejecución, Gonzalo Ortega, y de los fiscales Pedro Gallo, Carlos Sale e Ignacio López Bustos.
El autor de estas amenazas es Miguelón Fernández, quien actualmente cumple condena en la cárcel federal de Marcos Paz, Buenos Aires. Según fuentes judiciales, Fernández contactó a una mujer, quien grabó el audio en el que se hacían las advertencias. Este acto de intimidación no parecía ser un hecho aislado, ya que “Miguelón” siempre sostuvo que su condena tenía motivaciones políticas relacionadas con el gobernador Jaldo y varios funcionarios judiciales que participaron en su caso.
Inmediatamente después de conocerse la amenaza, la Policía, bajo el mando de Joaquín Girvau, jefe de la fuerza, desplegó operativos en la zona de Villa 9 de Julio. El objetivo de estos operativos era neutralizar cualquier intento de que la amenaza se materializara. Además, se reforzó la seguridad del gobernador y se asignaron consigas a los funcionarios judiciales implicados. Girvau detalló: “Decidimos neutralizar cualquier posibilidad de que cumpla con la amenaza. Se detuvo a las personas vinculadas al sospechoso”.
Desde el Ministerio de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa también ofreció detalles sobre la situación, informando que, tras la amenaza, se desplegó un operativo de inteligencia. “Hubo amenazas a jueces, fiscales y el titular del Poder Ejecutivo. Una vez que tomamos conocimiento de esto, comenzamos con la tarea de inteligencia, reforzamos la seguridad de las personas amenazadas”, comentó el ministro.
El caso ha generado gran inquietud en la sociedad, y las autoridades aseguran que no se permitirá ningún tipo de amenaza contra los funcionarios. “Vamos a seguir luchando, avanzando y equipando a nuestras fuerzas policiales”, dijo Agüero Gamboa, subrayando el compromiso de la Policía en la resolución del caso.
En cuanto a los operativos de allanamiento, el ministro de Seguridad indicó que están a la espera de lo que disponga la Justicia, mientras que se mantiene la cifra de 97 detenidos en relación con el caso.
Por su parte, el gobernador Jaldo se mostró firme ante los hechos, y lo primero que hizo fue brindar su apoyo a los jueces y fiscales involucrados, asegurando que la situación no afectará su labor. “Lo primero que hice fue apoyar a los jueces y fiscales para darles tranquilidad”, concluyó el mandatario.