La Justicia Federal sigue avanzando en el caso conocido como “Tour de Compras“, que involucra a una banda mixta acusada de contrabando de mercancías provenientes de Bolivia y de recibir sobornos. Este grupo, integrado por civiles y gendarmes, operaba principalmente en el norte argentino, y las investigaciones continúan revelando detalles impactantes.
El fiscal Agustín Chit confirmó que el juzgado federal ha procesado a 12 gendarmes y 6 civiles, bajo los cargos de asociación ilícita agravada y cohecho pasivo. El caso comenzó a investigarse en enero de 2023, tras las denuncias de personas que cruzaban la frontera y que afirmaban haber sido extorsionadas por miembros de la Gendarmería, quienes les cobraban sobornos para permitir el paso de mercaderías sin control. Una de las denuncias, realizada ante la Fiscalía de Tucumán, fue clave para iniciar el proceso.
El fiscal Chit detalló que, a partir de la investigación, se descubrió que este esquema no solo operaba en Tucumán, sino también en Salta. Los sobornos eran cobrados a los coordinadores de los tours de compras, quienes pagaban entre 800 mil y 1.200.000 pesos por colectivo para evitar ser controlados. Además, destacó que el volumen de dinero involucrado es considerable, y aunque aún no se ha determinado con exactitud el monto total, ya se están realizando análisis financieros para estimar el daño económico.
Durante los allanamientos realizados en septiembre, en la casa de uno de los gendarmes se encontraron 30 millones de pesos en efectivo, y en Salta, se hallaron otros 20 millones. La investigación reveló que una parte de los sobornos se manejaba a través de billeteras virtuales, lo que complica aún más el rastreo del dinero.
A pesar de los avances, la Fiscalía ha impugnado la excarcelación de los civiles involucrados, argumentando que algunos de ellos podrían entorpecer la investigación, como ocurrió en el caso del incendio de un colectivo vinculado a la banda. Además, todavía hay dos prófugos, ambos civiles, coordinadores de los tours.
El fiscal Chit aseguró que, aunque no hay una fecha estimada para el juicio, la Fiscalía trabaja en colaboración con la Cámara Federal de Apelaciones para agilizar el proceso.