Este martes, en una nueva audiencia del juicio que se sigue contra exfuncionarios de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), entre ellos el exrector Juan Alberto Cerisola, prestaron declaración auditores de la Nación y de la UNT. La causa busca determinar si hubo malversación de fondos provenientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAP) durante el período en que Serizola ocupaba la rectoría, en 2008.

La contadora Gladys Domínguez, de la Auditoría General de la Nación (AGN), fue la primera en testificar. Su declaración estuvo centrada en un informe de auditoría realizado sobre la administración de recursos de la UNT durante la gestión de Cerisola. Según Domínguez, los auditores observaron irregularidades en el manejo de los fondos, pero no se hallaron evidencias concretas de delitos.

Silvia Peyracchia, abogada defensora de Cerisola, sostuvo que “hasta el momento no se han presentado pruebas que acrediten la comisión de delitos”. En su opinión, lo que se ha demostrado hasta ahora son “desprolijidades” en la administración, pero ninguna de las declaraciones ha vinculado al exrector con acciones delictivas.

El imputado Luis Sacca también se manifestó en la misma línea, señalando que “la fiscalía aún no ha logrado demostrar irregularidades que comprometan a los acusados”. Saca remarcó que, aunque se han citado varios testigos, “no se ha podido acreditar nada sustancial”.

Otro testigo clave en la jornada fue Sergio Firone, quien participó en la auditoría sobre la construcción de la ciudad universitaria, una obra financiada parcialmente con regalías que recibía la UNT. Fironi fue tajante al afirmar que no se encontraron suficientes datos ni documentación para explicar el destino de los fondos destinados a ese proyecto, lo que generó interrogantes sobre la transparencia en el uso de los recursos.

El juicio continúa y se espera que en las próximas audiencias declaren más testigos clave que puedan arrojar luz sobre las acusaciones que pesan sobre los exfuncionarios universitarios.