La Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura denunció restricciones impuestas a su par provincial en Tucumán para realizar inspecciones en comisarías y cárceles. Según Kevin Nielsen, representante del organismo nacional, desde 2024 se les ha impedido el acceso total a estos lugares, violando lo estipulado por la ley provincial que regula su labor.
Ante esta situación, el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención emitió una resolución unánime exhortando al Poder Ejecutivo tucumano a permitir el trabajo de monitoreo. El documento ya fue remitido a las autoridades correspondientes, expresando preocupación por la grave crisis carcelaria en la provincia.
El panorama es alarmante: hacinamiento extremo, malos tratos y condiciones infrahumanas en dependencias policiales fueron denunciados reiteradamente por organismos de derechos humanos. Sin embargo, las restricciones impuestas a la Comisión Provincial impiden verificar y documentar estos hechos.
Desde la Comisión Nacional, insisten en que el bloqueo no solo vulnera derechos básicos de las personas detenidas, sino que también dificulta la lucha contra la violencia institucional. “El trabajo de control está establecido por ley y debe respetarse”, afirmó Nielsen.