El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por la auxiliar de fiscal Mónica Torchan.
De este modo, Gabriel Ernesto Valdez, fue condenado a la pena de ocho años de prisión por el delito calificado como intimidación pública reiterada en 16 oportunidades.
El acusado tuvo que reconocer su responsabilidad en los hechos para acceder al convenio. Luego de escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió aceptar el acuerdo.
La acusación
Durante los meses de septiembre y octubre de 2023, Gabriel Ernesto Valdez, motivado por conflictos familiares que derivaron en más de una treintena de denuncias penales cruzadas con su ex pareja, fue que con el claro propósito de perjudicarla y de entorpecer la investigación de los hechos, adquirió numerosas líneas telefónicas prepagas registrándolas a titularidad del padre de la joven; y actuando algunas veces en forma anónima y otras con el nombre supuesto del padre de su ex, realizó llamadas al Servicio de Emergencias 911 de la Policía, informando la existencia de artefactos explosivos en entidades privadas y públicas, con claras intenciones de causar temor público, valiéndose de diferentes líneas.