Al hombre, de 43 años, le dictaron medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF.
Por el delito de peculado, donde se investiga el desvío de módulos alimenticios provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, este jueves la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF imputó a un técnico informático, de 43 años. Luego de atribuirle su participación secundaria (ver abajo), la auxiliar de fiscal Brenda Deroy, quien participó de la audiencia por delegaciones de la titular Mariana Rivadeneira, solicitó medidas de coerción de menor intensidad por seis meses.
“Es una causa muy sensible que ha sido declarada compleja, inclusive, lleva cinco personas con prisión preventiva (que vencen en distintas fechas)”, mencionó la representante del MPF. Previamente, el acusado dijo: “Ellos (al referirse a los principales involucrados –padre e hijo-) me daban los nombres de quienes recibían la mercadería, se hacían las planillas, se enviaba un correo electrónico y después se presentaba la documentación para el libre deuda”. Finalmente, la jueza interviniente ordenó el cese de la detención y el sometimiento del sujeto al proceso mediante el cumplimiento de reglas de conductas, por el plazo de seis meses, entre ellas, fijar domicilio (en otro lugar) y la prohibición de contacto con otros testigos o posibles involucrados como así también la prohibición de salir de la provincia sin autorización previa.
La acusación
En un domicilio de barrio Manantial Sur, lugar de residencia de un padre e hijo (quienes se desempeñan como empleados públicos), en circunstancias en que se llevaba a cabo un allanamiento (de fecha 25 de noviembre ordenado en el marco del legajo sobre lesiones agravadas por el vínculo) se pudo constatar la existencia de acopio de gran cantidad de mercadería proveniente del Ministerio de Desarrollo Social cuya venta se encontraba prohibida y de documentación que da cuenta de la venta de las mismas.
“Las desviaban del destino de donación (para los diferentes dispositivos alimentarios de sectores vulnerables) con el fin de su comercialización en beneficio propio. Los retiros de mercadería ocurrieron entre el año 2023 y 2024 mediante órdenes de entrega emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social del depósito sito en autopista Juan Domingo Perón camino al aeropuerto (en Alderetes) que le habían sido confiadas para su distribución contando con la colaboración de otros.
Al imputado se le atribuye el registro y el almacenamiento en formato digital de la documentación, llevando el control de la mercadería que era retirada y posteriormente vendida por los imputados y el resto de los partícipes causando perjuicio a la administración pública y malversando bienes pertenecientes al erario público”, describió la Auxiliar de Fiscal al momento de la acusación.
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