Fueron a la casa de la víctima, esperaron que se durmiera y le sustrajeron más de medio millón de pesos, su celular y la tarjeta de débito con la cual después hicieron numerosas compras. Leonella Patricia Lazarte (30) y Sofía del Valle “Popi” Lazarte (25) fueron condenadas este viernes 25 de agosto a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser halladas coautoras material y penalmente responsables del delito calificado como hurto simple, en concurso real con el delito de defraudación con tarjeta de crédito hurtada a su legítimo titular.
El auxiliar de fiscal, Gabriel Veglia, en representación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, presidida por Diego López Ávila, presentó en audiencia un convenio de juicio abreviado al que arribó junto a las imputadas y su defensa técnica, con la expresa conformidad de la víctima.
De acuerdo a la investigación, el pasado sábado 10 de junio, a las 4:00 de la madrugada, dos hombres salieron de un local bailable ubicado en avenida Siria al 1700, acompañados por las hermanas Lazarte y otras personas no identificadas. A continuación, se dirigieron a la casa de uno de ellos, en Las Talitas. Una vez que la víctima se quedó dormido (ya se había ido su compañero) las acusadas y otra mujer no identificada tomaron $500.000 del ropero de la habitación, un teléfono celular y de la billetera sustrajeron $50.000, una tarjeta de débito que contenía acreditado $ 240.000 y el DNI. Luego, huyeron del lugar con los bienes robados.
A su vez, la acusación sostiene que, horas más tarde de ese mismo día, entre las 17:00 y 18:00 horas, las Lazarte se dirigieron a varios locales comerciales con la tarjeta de débito sustraída y realizaron diversas compras por la suma superior a $ 180.000.
Por otro lado, como otro punto de la sentencia, las imputadas se comprometieron en abonar a la víctima el monto de $ 100.000, en concepto de reparación económica.
Al finalizar la audiencia, la jueza decidió aceptar el acuerdo pleno de juicio abreviado y declaró firme la sentencia ante la renuncia de las partes a los recursos de apelación, ordenando el alojamiento de las condenadas en el servicio penitenciario.