El Poder Ejecutivo Provincial confirmó su rol como querellante en la causa que investiga el hallazgo de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social en una vivienda del barrio Manantial Sur. La Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, señaló que la provincia no solo se considera víctima en este caso, sino que también busca asegurar las sanciones pertinentes para los responsables.
Según explicó Pedicone de Valls, el gobierno está preparando material que será incorporado como prueba en la investigación, con el objetivo de colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades buscan determinar cómo los productos destinados a programas sociales terminaron fuera de los circuitos oficiales. Según explicó la funcionaria, la intención es aportar pruebas clave que permitan avanzar hacia una condena efectiva contra las dos personas que actualmente están detenidas bajo prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos.
Las pruebas presentadas incluyen documentos que detallan cómo fue retirado, trasladado y almacenado el material hallado, además de un inventario preciso de lo encontrado en el domicilio. Pedicone de Valls destacó que, aunque no se identificaron más personas implicadas, el caso refleja la necesidad de realizar cambios profundos en los mecanismos de asignación de recursos sociales.
En respuesta, el gobernador anunció que a partir de enero se implementará un nuevo sistema de distribución. En lugar de entregar mercadería, los beneficiarios recibirán tarjetas que garantizarán mayor control y transparencia en el uso de los fondos. Este cambio busca cerrar las brechas que han permitido estas irregularidades y asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan.
En la causa hay dos personas imputadas hasta el momento. Este caso, que pone en cuestión la transparencia en el manejo de recursos sociales, ha generado amplio interés público, destacando la necesidad de establecer responsabilidades y prevenir futuros desvíos.