En el marco de la política criminal con perspectiva de género, diseñada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, y a fin de garantizar una respuesta integral, rápida y eficiente, se ha dispuesto en el mes de julio de 2022 la creación de la Unidad Fiscal Proteccional de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Ignacio López Bustos y con la coordinación de Sylvina Ojeda. “Es una fecha muy importante en la cual recordamos la lucha incansable de las mujeres para la búsqueda de la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos. Desde la última resolución y por disposición del Ministro Público Fiscal se realizó una reestructuración de las Fiscalías de Género en la cual se creó esta Unidad”, subrayó la ayudante judicial, Justina Cardona Delaporte. “Entendemos que la violencia no permite respuestas dilatorias ni erráticas por lo que estamos comprometidos en trabajar con profesionalismo y sensibilidad ante esta problemática que nos afecta y así proteger a las víctimas con una respuesta coordinada, inmediata y efectiva”, reflexionó.
Las medidas
En el mismo día que se recibió el legajo y dependiendo el caso, esta UFI ordena medidas de prohibición de acercamiento a favor de la víctima o solicita ante el Colegio de Jueces allanamientos con fines de secuestros de armas o con fines de exclusión de hogar del presunto agresor. Además, se comisiona en algunas oportunidades al personal policial a fin de que realice rondas preventivas o consignas policiales en el domicilio de la víctima. Una vez que se ha dictado la medida cautelar se envía al departamento judicial de la policía de Tucumán o a la comisaría jurisdiccional para la correspondiente notificación al presunto agresor. “En esta Unidad y dentro de las 24 horas realizamos medidas de restricción de personas que pueden consistir en la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, la prohibición de actos turbatorios e incluso allanamientos para el secuestro de armas”, detalló Cardona Delaporte. Por su parte, la auxiliar de fiscal, Lucrecia Lugones agregó que se prioriza la protección y el resguardo. “Por ello, establecemos contacto telefónicamente o de manera personal a los fines de poder obtener mayor información sobre su estado actual de salud, conocer si cuenta con grupos de apoyo y contención y también precisión respecto al hecho denunciado”, afirmó.
Trabajo articulado
Entendiendo que la problemática que se enfrenta debe abordarse de manera transversal y con perspectiva de género, se coordinaron equipos con otros organismos internos del MPF como la Oficina de Articulación y Derivación y el Equipo de Contención y Acompañamiento de la Víctima (ECAV) y con otras instituciones del Estado. Es importante destacar que en aquellos casos de extrema gravedad y susceptibles de formalización de cargos, se remiten de manera urgente a las Unidades Especializadas de Investigación y Enjuiciamiento en materia de Violencia de Género para su consecuente intervención. “Se trabaja en conjunto con el Gabinete Interdisciplinario del MPF, el cual nos permite realizar evaluaciones de riesgo y proporcionar informes sociales. También, disponemos de médicos forenses especializados para examinar las lesiones de las víctimas y determinar su incapacidad y tiempo de curación. Posteriormente, los legajos completos se remiten al juzgado de familia para la correspondiente intervención en cada caso”, detalló Lucrecia Lugones quien junto a Daniela Briz Tomás se desempeña como auxiliar fiscal. “Creemos que el abordaje de la violencia de género debe realizarse de manera transversal e integral. Nuestro objetivo es brindar una respuesta de calidad acompañando a la víctima en este proceso. Es una problemática que afecta a nuestra sociedad y desde el MPF buscamos una respuesta de manera efectiva, coordinada e inmediata”, remarcó el ayudante judicial, Ricardo Nicolás Giménez.