La Fiscalía de Delitos Complejos imputó a otras tres personas en el marco de la investigación por la presunta comercialización ilegal de la mercadería entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, destinada para dispositivos alimentarios de la localidad de Alderetes. Dos de los acusados están vinculados con las personas que vivían en el domicilio donde se secuestraron los primeros alimentos. Los tres estarán bajo prisión preventiva hasta febrero.
La causa se inició luego de que personal policial encontró, durante un allanamiento practicado en una vivienda de Manantial Sur -a raíz una denuncia por violencia de género-, decenas de alimentos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social.
El 29 de noviembre, la fiscala Mariana Rivadeneira acusó a Alberto Felipe López (58 años) y a Juan López Cansillieri (39) de ser coautores del delito de peculado, por haber acopiado los alimentos para comercializarlos en lugar de repartirlos a los dispositivos alimentarios de sectores vulnerables y de comedores, a los cuales representaban.
Tras avanzar en la investigación, el domingo 8 de noviembre se realizaron cuatro allanamientos en viviendas de Alderetes, de Yerba Buena y de Manantial Sur, en las cuales se secuestró más mercadería y se detuvo a Arturo Alejandro Augier y a Malvina Soledad Décima (27). Al día siguiente se presentó en una dependencia policial Brenda Muñoz (23) y también quedó detenida. Según se comunicó, Augier vivía con López Cansillieri, y Muñoz está casada con López.
En una audiencia realizada ayer, la auxiliar de fiscal Brenda Deroy formuló cargos en su contra y los acusó de ser partícipes necesarios para que López y López Cansillieri puedan cometer el delito de peculado. Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, los tres eran personas de confianza de López y López Cansillieri y los habrían ayudado a desviar la mercadería para su posterior venta, a sabiendas de que era ilegal.
Deroy señaló que Muñoz era representante del Movimiento Provincial Tucumán y que Décima y Augier hicieron 11 retiros en total del depósito Hacha de Piedra a nombre de los beneficiarios Organización 27 de Octubre y del Movimiento Independiente Tucumán, respectivamente. “Es una participación sumamente necesaria, porque sin esa contribución no hubieran logrado contar con esa magnitud de mercadería (que hemos encontrado en cuatro oportunidades y en distintos allanamientos en ese domicilio). Debían encargarse de la custodia de la mercadería, sin embargo, la desviaban para su venta”, detalló la auxiliar de fiscal sobre el rol que tenían los nuevos acusados”.
Testigo clave
La representante del MPF subrayó lo difícil que fue encontrar a testigos que quisieran brindar declaración, debido al temor de sufrir represalias.
En ese contexto destacó que una mujer se acercó a la Fiscalía luego de conocer la imputación de los primeros acusados y brindó detalles de los movimientos de los sospechosos. “N.B. mencionó que vio llegar a personas durante la madrugada con maletines para comprar la mercadería; dijo que estas personas la compraban y lo que quedaba se los entregaban a algunos comedores. Junto a su hijo declararon que Décima era quien se encargaba de recolectar los documentos de los vecinos para llevar un control y presentar esto en el Ministerio de Desarrollo justificando, entre comillas, la entrega o supuesta entrega de mercadería que nunca llegaba a los dispositivos alimentarios ni a las personas particulares vulnerables”, contó Deroy.
Tras terminar de exponer las evidencias en su contra, solicitó que los tres fueran sometidos a prisión preventiva hasta el 28 de febrero atento a los riesgos procesales. “Los testigos/vecinos nos dijeron que tienen miedo tanto en Alderetes como en Manantial Sur. Les pedían sus documentos, pero nunca les hacían llegar los módulos alimenticios”, argumentó.
El pedido fue apoyado por el querellante, José María Molina, en representación del Gobierno de Tucumán, pero rechazado por los abogados defensores, Benito Antonio Allende (Muñoz), Javier Lobo Aragón y Aníbal Paz (Décima y Auger). Los defensores adelantaron que tienen una teoría del caso distinta y los imputados también negaron haber recepcionado los alimentos con el fin de comercializarlos.
Finalmente, el juez Alejandro Tomas resolvió hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal y dispuso la medida de coerción de mayor intensidad, pero hasta el próximo 5 de febrero.
Fuente La Gaceta
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