Fue el 22 de agosto de 1966 que mediante el decreto-ley n° 16.926/66 (publicado el 24 de agosto de ese año en el Boletín Oficial Nº 21010), con el propósito de “encarar la adopción de todas las medidas necesarias para sanear la distorsionada economía de la actividad azucarera que, como pesada carga, afecta a todo el país”, se declaró la intervención amplia y total de los ingenios azucareros denominados Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana, todos situados dentro de los límites de la provincia de Tucumán.
Asimismo, en dicha norma, se instruyó al Ministerio de Economía de la Nación a designar de inmediato interventores, determinándose dentro de sus funciones la de efectuar un inventario completo de su activo y pasivo de las personas o sociedades propietarias de los ingenios azucareros, con intervención de los legítimos propietarios de los ingenios o sus representantes, en salvaguardia de sus derechos patrimoniales.
Respecto de los empleados y obreros, se estableció que deberían prestar servicios en las tareas que se les asigne, indistintamente dentro o fuera de los ingenios, para “obtener los beneficios” determinados en un convenio suscripto con la provincia de Tucumán. Sin embargo, como consecuencia de la medida fueron despedidos 50 mil obreros y la desocupación alcanzó los 15 puntos, obligando a un cuarto de la población de la provincia a emigrar.
Fuente: UIT