El lunes comenzó en tribunales penales la primera audiencia por el crimen de Pablo Maximiliano Mariotti, ocurrido en el mes febrero del año 2020 en San Miguel de Tucumán.
Marta Jerez, titular de la Fiscalía de la Cámara Conclusional I, inició el proceso contra Lucas Gordillo, Solange Ailén Manzanares Beltramino, Alexis Yamil Salis, Rolando Jesús Morán, José Miguel Escudero y Ramón Osvaldo Manrique por el homicidio ocurrido entre los días cinco y siete de ese mes en una vivienda ubicada en calle Lamadrid al 1300. El cuerpo de Mariotti fue encontrado sin vida durante la madrugada del 22 de marzo. Estaba enterrado en el jardín de una casa de calle Olleros al 100, en la zona sur de la capital tucumana.
El hecho
Entre los días cinco y siete de febrero de 2020, algunos de los imputados ingresaron al domicilio de Mariotti, tapándole la boca y estrangulándolo con una soga en el cuello, provocándole la muerte por asfixia mecánica, de acuerdo al informe de autopsia.
El sábado 8 de febrero de 2020, durante la madrugada, Salis llevó a calle Lamadid una camioneta en donde cargaron el cuerpo del joven asesinado, luego sustrajeron del domicilio documentación que acreditaba la titularidad de derecho sobre propiedades en favor de Mariotti, también se llevaron alhajas, relojes y provocaron un incendio para ocultar todas las pruebas.
Posteriormente se dirigieron a un taller de calle Olleros al 100 en el sur de la capital tucumana, donde enterraron el cuerpo de Mariotti en un pozo que había en el jardín de la propiedad. Luego arrojaron la moto de la víctima en la zona de los Arsenales, en Las Talitas, esto fue pensado para entorpecer la investigación.
Recordamos que el 12 de mayo de 2021 y luego de más de un año de búsqueda, fue capturado Lucas Gordillo, el principal sospechoso, quien será representado por el abogado Macario Santamarina.
Antes del inicio del juicio, se confirmó nuevamente el cese de prisión domiciliaria para Manzanares Beltramino por haber violado esa medida cautelar a principio de marzo. La defensa de la mujer realizó una presentación para revocar el cese de la “domiciliaria” y en ella fundamentó que hubo una mala comunicación entre el Patronato de Internos y Liberados y el Cámara Penal. Indicaron que la joven tuvo que retirarse del domicilio para ser atendida en el hospital Avellaneda por su problema de riñones. Desde la defensa expresaron que la salida fue notificada al Patronato vía “WhatsApp”, entre otros elementos.