Este martes, en los Tribunales Orales Federales de San Miguel de Tucumán, comenzó el juicio contra Mercedes del Valle Ramos y Jonathan Barrionuevo, quienes enfrentan acusaciones graves por trata de personas. El caso está relacionado con los presuntos delitos cometidos en un departamento ubicado en 25 de Mayo al 300, que habría sido utilizado como un prostíbulo.
La investigación se inició en julio de 2022, cuando Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, denunció que en el edificio funcionaba un prostíbulo y que una menor de edad podría estar secuestrada allí. La denuncia fue confirmada por un allanamiento, ordenado por el juez Sebastián Diego Argibay, que dio como resultado el rescate de una joven que actualmente está bajo custodia de la Fundación.
Trimarco también mencionó que cuatro mujeres estaban dispuestas a denunciar que habían sido manipuladas para ejercer la prostitución en el lugar. Los vecinos de la zona también habían reportado situaciones extrañas: según sus testimonios, 30 hombres ingresaban por la mañana, 40 por la tarde y se escuchaban llantos durante la noche. Esta denuncia resultó en la incautación de material probatorio y en la detención de los acusados.
Graciela Maraz, propietaria del departamento, explicó que había alquilado el inmueble en junio de 2022 y que los vecinos la habían alertado en repetidas ocasiones sobre ruidos molestos y actividades sospechosas. Además, Trimarco había advertido previamente sobre los retrasos en los allanamientos debido a la demora de un funcionario judicial, lo que afectó el desarrollo del caso.
El operativo fue impulsado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, aunque los allanamientos fueron postergados debido a la feria judicial y la falta de pedidos formales de la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas).
Este martes, el juicio colocó de nuevo el foco en este caso emblemático de trata de personas, cuyo impacto ha sacudido a la comunidad tucumana y reavivado el debate sobre la lucha contra la explotación sexual y la protección de los derechos de las víctimas.