La Intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, mantuvo ayer una reunión oficial con representantes de Uber, junto al Secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, y otros miembros de su gabinete, para discutir los pasos hacia la legalización de la plataforma digital en la capital tucumana. La iniciativa generó gran expectativa en un sector que ve la medida como una modernización del transporte, pero también rechazo en el gremio de taxistas, que teme que afecta su actividad.
Durante el encuentro, las autoridades de Uber presentaron sus propuestas, mientras que el municipio demostró los requisitos que la plataforma debe cumplir para operar legalmente. Entre las condiciones, el municipio exige que Uber fije un domicilio en San Miguel de Tucumán, cumpla con los tributos locales y garantice que los vehículos cuenten con seguros aprobados. Además, los conductores deberán poseer una licencia de tipo B1 y tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día.
Uno de los puntos destacados de la reunión fue la disposición para que los taxis registrados en SUTRAPPA también puedan operar en la plataforma de Uber, brindándoles una alternativa de trabajo dentro de la misma aplicación.
Chahla compartió en sus redes sociales que se reunió con representantes de asociaciones de taxis para dialogar sobre la regularización del servicio de transporte y adaptar la normativa a las nuevas tecnologías móviles. La intendenta expresó que, en conjunto con el Concejo Deliberante, se envió un proyecto de ordenanza para establecer una regulación que ofrezca igualdad de derechos y responsabilidades para todos los involucrados en el transporte de pasajeros. “No podemos mirar hacia otro lado”, declaró Chahla. “Es necesario unificar criterios y actuar juntos para ofrecer un servicio de calidad al vecino”.
Sin embargo, no todos los sectores del gremio taxista apoyan esta medida. Pizarro, representante de los peones de taxis, envió cartas al Concejo Deliberante, a la Intendencia y a la prensa, rechazando el proyecto de regulación de Uber. Según Pizarro, la iniciativa busca “destruir la actividad taximetrera” en la ciudad, y sostuvo que la legalización de las plataformas digitales afectará gravemente al sector.
La polémica está servida: mientras el municipio y algunos sectores de taxis exploran una adaptación a las nuevas tecnologías, otros taxistas se oponen rotundamente a la entrada de Uber, creando un debate en torno al futuro del transporte en San Miguel de Tucumán.