La causa comenzó por una denuncia que realizó un hombre en julio de 2023 luego de haberle pagado 25.000 pesos a un abogado por el inicio de un trámite previsional que nunca concretó. Además, aseguró que un cómplice le hizo firmar papeles para la supuesta apertura de una cuenta bancaria, pero tiempo después descubrió que en realidad era una solicitud de un crédito prendario por la suma de más de 4,7 millones de pesos.
Utilizando ese modus operandi, otras dos víctimas también entregaron al mismo abogado la suma de 50 mil pesos para el inicio del trámite previsional que nunca cumplió.
Tras las denuncias, personal técnico de esta División, a cargo de la subcomisario Yolanda Álvarez, realizó tareas investigativas y giró oficios a las entidades bancarias involucradas solicitando informes de utilidad para la causa.
De allí surgieron los domicilios que fueron allanados este viernes por orden de la jueza María Alejandra Balcazar.
En detalle, los elementos electrónicos fueron incautados en los domicilios ubicados en calles Salta primera cuadra y Laprida al 500, en la Capital, y en la localidad de San Andrés, en el departamento Cruz Alta.
Las medidas judiciales fueron supervisadas por el director General de Investigaciones, Comisario Mayor Miguel Carabajal.
Fuente Comunicación Tucumán