Dos individuos, la titular legal de una institución educativa y un hombre, fueron condenados con detención preventiva debido a uno de los varios incidentes de amenazas de bomba que tuvieron lugar en la provincia.
Según la acusación presentada por la asistente legal Julieta Molé, quien fue dirigida por la fiscal Mariana Rivadeneira, el 1 de agosto María Emilia Salomé, la representante legal del Instituto Puente, habría colaborado con Ernesto Drube para enviar un correo electrónico a la dirección del colegio San Francisco, advirtiendo sobre la presencia de un artefacto explosivo.
“Al momento del hecho tenían conocimiento de que esto afecta a la sociedad. Nadie desconoce lo que nos aqueja a nosotros y a nuestras familias. Han tenido difusión y hubo una campaña de prevención sobre las consecuencias penales, lo que significa un desinterés por el apego de las leyes”, sostuvo la acusadora. “No se trató de una simple llamada, sino que crearon correos electrónicos falsos para llevar a cabo este ilícito. No resulta menor que la institución educativa esté ubicada en pleno centro”, expresó Molé.
Esta acción llevó a la evacuación de las instalaciones educativas. Los acusados enfrentan cargos por esta ofensa ya que el mensaje fue rastreado hasta una dirección IP registrada a nombre de Salomé.
Agustín Ferrari, defensor de la acusada, se opuso tenazmente a la formulación de cargos en su contra. “Usaron su wifi para enviar el mail, lo que no quiere decir que ellos hayan sido los autores. Todos sabemos que siempre se comparten esas redes y nadie puede determinar quién las usa y más si se tiene en cuenta que se trata de un establecimiento educativo”, fundamentó. Las defensoras oficiales Mariana Merletti y Anabella Mazza Villalba, que representaron a Drube, coincidieron con su colega.
Molé, siguiendo instrucciones de Rivadeneira, solicitó que se les dicte la prisión preventiva a ambos por dos meses. Argumentó su pedido señalando que podrían entorpecer la investigación e influir sobre el testimonio de varios testigos. También requirió que se le trabe embargo por $3 millones. “En representación de los intereses del Estado, teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico protegido y la puesta en marcha de protocolos de actuación que generó gastos de magnitud a la Provincia”, argumentó. Los planteos fueron rechazados por los defensores.
El juez Fernando Zóttoli aceptó parcialmente el pedido de la representante del Ministerio Público. Les dictó a ambos la prisión preventiva, pero por 29 días.
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