Una nueva polémica procesal estalló en el caso Vélez, ya que la Justicia ordenó el secuestro de los dos celulares de la víctima, pero la joven se negó a hacerlo porque ya había impugnado el fallo.
En una decisión clave para la investigación, un juez ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de las denunciantes de seis jugadores del club Vélez Sarsfield, luego de que estas se negaran a entregarlos de manera voluntaria. La medida fue solicitada por la defensa de los jugadores, encabezada por los abogados Brian Kuprey, Javier Osorio y José María Molina.
Según explicó Molina, el juez autorizó inicialmente el secuestro bajo la condición de intimar primero a las denunciantes para que entregaran los dispositivos. Se les otorgó un plazo de tres horas para presentar un iPhone 13, supuestamente usado en el momento de los hechos y que había sido clonado, según sus declaraciones anteriores. Sin embargo, la denunciante argumentó que el teléfono estaba roto y extraviado. Respecto al otro dispositivo, un iPhone 15, aseguró no tenerlo consigo en ese momento.
La negativa llevó al juez a disponer un allanamiento para proceder con el secuestro de los dispositivos. La defensa de los jugadores destacó que la resolución no es impugnable en esta instancia. “Sería incongruente que se pueda apelar una orden judicial de allanamiento para evitar el secuestro de pruebas”, comentó Molina.
Ernesto García Viagos, también abogado defensor, cuestionó lo que considera maniobras dilatorias de la parte acusadora. “Durante toda esta investigación, la querella solo ha puesto trabas. Obstaculizan de manera sistemática todas las medidas probatorias que hemos solicitado para avanzar en el caso y conocer la verdad”, denunció.
Los abogados de la defensa no descartan realizar nuevas presentaciones judiciales si continúa el incumplimiento de las órdenes. “Si existe una orden judicial firme y esta no se acata, podríamos estar ante una posible desobediencia judicial”, advirtieron.
El caso sigue en curso mientras se espera la ejecución del allanamiento y la recolección de las pruebas clave para el proceso judicial.