“El gobernador, Osvaldo Jaldo, decidió que la Provincia también sea parte activa como querellante en la causa, porque la gravedad de la inconducta amerita que se tomen cartas en el asunto”, aseveró la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, tras anunciar la presentación ante la fiscalía de instrucción por parte de la Fiscalía de Estado en la que el Estado exige la investigación, la condena y eventualmente el resarcimiento por el robo de agua en Yerba Buena.
“La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) descubrió que en Yerba Buena la mitad de la comunidad se había quedado sin agua toda, a raíz de que había una conexión clandestina que llevaba agua a un depósito de un propietario lindante con el acueducto, y eso formó una especie de reservorio de agua absolutamente contrario a la ley”, explicó la funcionaria.
Pedicone de Valls indicó, además, que la conducta “fue un salvajismo, porque pensar en una conexión ex profeso para atender un comercio de una explotación rural y que la persona no haya dimensionado que iba a dejar sin agua a toda una población es una situación de mucha gravedad”.
En esa línea, el Gobernador decidió que la Provincia también sea parte activa como querellante, “porque la gravedad de la inconducta amerita que se tomen cartas en el asunto”, y en ese sentido el Estado “va a exigir la investigación, la condena y eventualmente el resarcimiento por esta conducta reprochable del propietario del fundo donde se encontró el reservorio clandestino”.
En ese marco, la Fiscal de Estado se reunió esta mañana con los abogados de la SAT, con quienes diseñó una estrategia compartida y conjunta: “ellos hicieron lo que les toca, que es defender la tarea de la empresa, y la Provincia en el rol de cuidadora de los intereses de la sociedad, de una comunidad que se ha visto perjudicada”. Además, indicó que “no hay ninguna especulación de convertir esta inconducta en una obra de resarcimiento económico; si es que la hay, vendrá después de la sanción penal”.
Por último, Pedicone de Valls subrayó que el robo de agua “no es solo un hecho puntual que debe ser considerado por la justicia, sino un aviso de que la Provincia no va a dejar pasar estos actos”. Asimismo, remarcó que “a veces se interpreta que cuando la persona en infracción tiene cierto poder económico, hay una especie de tolerancia o de impunidad; y la verdad es que queremos mostrar que esa impunidad y esa tolerancia no existe. Vamos a buscar responsabilidades y vamos a pelear en los tribunales para que se hagan efectivas”.
Buscan un resarcimiento económico para los vecinos afectados
El secretario de Gobierno de Yerba Buena, Fernando de la Orden, confirmó la posición del municipio en torno a un grave conflicto relacionado con la salud pública y el medio ambiente. El caso involucra un piletón que recolecta más de 90.000 metros cúbicos de agua proveniente de una cañería que afecta directamente a los vecinos de la localidad.
Durante una entrevista, De la Orden expresó la preocupación del gobierno municipal y ratificó la denuncia que fue presentada inicialmente por la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Además, destacó la intervención del Ministerio Público Fiscal y del gobierno provincial en la causa. “Celebramos que participen otros actores porque creemos que este tipo de hechos deben ser sancionados de manera ejemplificadora”, aseguró.
El funcionario calificó el incidente como un “atentado al medio ambiente” y resaltó la importancia de que la justicia aplique todo el peso de la ley. Asimismo, subrayó que el agua es un bien esencial y que los habitantes de Yerba Buena han sufrido las consecuencias de este problema durante semanas.
Además de la denuncia penal, el municipio anticipa que la causa también avanzará en el fuero civil. “Pretendemos que el resarcimiento económico que se obtenga sea destinado a obras que beneficien directamente a los vecinos de Yerba Buena, quienes han sido los más afectados”, agregó De la Orden.
Finalmente, destacó la relevancia del caso a nivel nacional, esperando que el fallo judicial siente un precedente para evitar que situaciones similares se repitan en otras partes del país.