La reciente decisión del juez Gonzalo Azcárate, del Centro Judicial de Concepción, desató un escándalo en Tucumán luego de ordenar la liberación de una persona detenida por transporte de drogas y el reintegro de los estupefacientes, balanzas, celulares y otros elementos secuestrados. Ante la ola de críticas, el magistrado anuló su propia resolución, pero el daño ya estaba hecho.
El abogado penalista Gustavo Morales se pronunció enérgicamente contra Azcárate, señalando que nunca estuvo en condiciones de ser juez y que ya había impugnado su nombramiento por falta de idoneidad técnica y moral. “Las consecuencias están a la vista”, afirmó Morales, recordando además la presunta complicidad de un secretario judicial vinculado a la designación del magistrado y su posible involucramiento en la fuga de Carlos Rejas, condenado por feminicidio.
A raíz del escándalo, el abogado Alfredo Aydar presentó un pedido formal en la Legislatura de Tucumán para iniciar un juicio político contra Azcárate por mal desempeño, invocando los artículos 117, 118 y 122 de la Constitución Provincial. El documento también exige la suspensión preventiva del juez mientras se lleva a cabo el proceso investigativo.
La resolución judicial y los señalamientos de presuntas irregularidades en el nombramiento de Azcárate reavivaron el debate sobre la transparencia en el Poder Judicial. El caso continúa generando repercusiones y se espera una respuesta oficial de la Legislatura en los próximos días.