El vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, quien actualmente se encuentra a cargo interinamente de la gobernación, firmó la derogación de la ley 9352 que regulaba el servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas. Jaldo calificó estos servicios como ilegales durante una reunión con un grupo de taxistas Autoconvocados que abogaban por la prohibición de aplicaciones de transporte no autorizadas.
La medida, que entró en vigor de inmediato, tiene un impacto directo en la operación de Uber en la provincia de Tucumán, generando una respuesta inmediata por parte de los conductores de la plataforma afectada. Numerosos choferes vinculados a las aplicaciones de transporte de pasajeros se congregaron en Plaza Independencia en señal de protesta contra la derogación de la ley y exigieron ser escuchados de la misma manera que los taxistas.
El vicegobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con los conductores de aplicaciones durante la mañana para comprender mejor su situación y considerar posibles soluciones. Esta controvertida decisión avivó el debate sobre la regulación del transporte a través de aplicaciones móviles en la provincia de Tucumán y deja a los ciudadanos divididos entre los partidarios de la prohibición y quienes defienden la continuidad de estos servicios como una opción de movilidad.
El representante de los choferes de Uber, Héctor Aguirre, expresó que le detallaron al vicegobernador la problemática con los taxistas. También le indicaron que son aproximadamente 5.000 familias que dependen de esa actividad.
Aguirre agregó que durante la reunión ya no se utilizó la palabra ilegalidad, pero se reconoció la informalidad por su naturaleza digital y que se buscará la forma de solucionar el conflicto.