En el corazón de los Valles Calchaquíes, donde el agua del dique La Angostura refleja la inmensidad de los cerros, se libra una batalla por la tierra. Desde hace años, terrenos fiscales en El Mollar y otras localidades han sido ocupados de manera irregular, generando conflictos entre el Estado y quienes se instalaron allí. Ahora, la justicia empieza a inclinar la balanza en favor del Gobierno de Tucumán.

El gobernador Osvaldo Jaldo fue tajante: “Se van a terminar las usurpaciones en la provincia. Vamos a agotar todas las instancias para recuperar el patrimonio de Tucumán en todos los lugares”. La declaración llegó tras una serie de fallos judiciales que ratificaron la propiedad estatal de varias hectáreas ocupadas y ordenaron el desalojo de quienes se asentaron sin respaldo legal.

Jaldo destacó que la administración anterior no se interesó en la defensa de estas tierras, pero ahora la historia es diferente. “Hemos avanzado sustancialmente en varios predios ya recuperados por el Gobierno en El Mollar, y lo vamos a hacer en El Cadillal y en otros sitios. Este patrimonio no es del gobernador, ni de la Casa de Gobierno. Es de todos los tucumanos”, enfatizó.

La ocupación de terrenos en áreas turísticas ha sido una de las principales preocupaciones. “Imaginen el lago de La Angostura rodeado de construcciones irregulares. Hasta la misma gente que vive allí corre peligro cuando sube el nivel del agua. Se ha edificado irresponsablemente”, denunció Jaldo. También apuntó contra quienes cercaron espacios públicos, impidiendo el acceso a paisajes que deberían ser disfrutados por todos. “Si no interveníamos, terminaban alambrando el lago entero”, ironizó.

El mandatario advirtió que el proceso de recuperación continuará sin concesiones. “Felizmente, venimos ganando todos los juicios y quienes están ocupando esas tierras deben irse lo antes posible. Si no lo hacen en los tiempos que fija la ley, vamos a entrar con la fuerza pública y los vamos a desalojar”.

La postura del Gobierno es clara: no habrá más tolerancia para la apropiación indebida de tierras. Con el respaldo de la justicia, Tucumán busca ordenar su territorio y garantizar que su riqueza natural no se convierta en el botín de unos pocos.