La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), bajo la dirección de Mariana Rivadeneira, está avanzando en sus investigaciones relacionadas con una serie de amenazas de bomba que tuvieron lugar en diferentes establecimientos educativos el día de ayer. Hasta el momento, se ha contabilizado un total de doce incidentes de este tipo. En respuesta a esta situación, se ha propuesto un nuevo protocolo de seguridad que incluye inspecciones tanto antes como después del inicio de las clases en las instalaciones educativas, con el fin de evitar evacuaciones innecesarias.
En este contexto, se han llevado a cabo cinco audiencias de formulación de cargos en las que se ha imputado a seis personas por el delito de intimidación pública. De estas, cuatro han quedado bajo detención preventiva, incluyendo a una alumna de 18 años. La fiscal Rivadeneira subrayó la importancia de concienciar a la comunidad de que estos actos constituyen un delito y no deben considerarse bromas. Como parte de la política criminal, se tomarán medidas enérgicas contra quienes lleven a cabo este tipo de acciones debido al considerable perjuicio que causan.
La Fiscal señaló que actualmente se han abierto alrededor de 70 investigaciones, y se espera que en los próximos días continúen las imputaciones. Se destacó que, si se encuentra a alguien culpable, las penas previstas para estos actos varían de 2 a 6 años de prisión en el caso de que no se encuentren explosivos, y de hasta 10 años si se descubre la presencia de explosivos.
Rivadeneira subrayó el grave perjuicio tanto para los estudiantes como para el Estado que causan este tipo de actos. Estos incidentes no solo perturban el orden público, sino que también movilizan importantes recursos estatales al activar el procedimiento de evacuación, lo que implica la movilización de personal de tránsito, bomberos, ambulancias y agentes gubernamentales.
Además, la fiscal hizo un llamado a las instituciones educativas para que colaboren plenamente con las investigaciones. Instó a que no se limite a informar sobre estos eventos, sino que también compartan cualquier información que puedan tener sobre los incidentes, ya que la omisión de información podría resultar en cargos por encubrimiento.
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