En el transcurso de este jueves, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, bajo la dirección de Mariana Rivadeneira, solicitó una audiencia para formalizar cargos contra una joven estudiante de 18 años. La imputación se basa en dos casos de intimidación pública dirigidos hacia la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués de San Miguel de Tucumán. Los incidentes tuvieron lugar el pasado 7 de agosto. la Fiscal destacó las pruebas que vinculan a la joven con los mensajes amenazantes y su intento de ocultar su implicación falsificando la denuncia de robo de su teléfono celular.
Mariana Rivadeneira explicó que existe una conexión directa entre la alumna y la línea telefónica desde la cual se enviaron las amenazas. Además, resaltó la importancia de considerar el gasto ocasionado por la evacuación del establecimiento educativo y solicitó prisión preventiva por dos meses, junto con un embargo de $3.000.000 durante el período de investigación. La Fiscal subrayó que la medida no impide la educación virtual y enfatizó que no se vulneran derechos fundamentales.
En su defensa, la joven argumentó que había cambiado su número hace seis meses y que había prestado su tarjeta SIM a un amigo, quien también era alumno de la escuela. Es vital señalar que la magistrada encargada del caso accedió a las peticiones presentadas por la Fiscalía, dictaminando la prisión preventiva y el embargo. La imputada deberá comparecer en la guardia de tribunales en un plazo de dos horas.
Por su parte, el jueves 31 de agosto se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación sobre un caso de amenaza de bomba en el Colegio Nacional. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos I, dirigida por Mariana Rivadeneira, presentó los cargos pertinentes. La imputada, madre de estudiantes en la misma escuela, habría realizado la llamada amenazante desde su línea telefónica. La jueza del caso concedió la prisión preventiva por dos meses y la inhibición de bienes, en línea con la petición de la Fiscalía.
Además en el marco de las investigaciones por estos delitos una mujer de 60 años y un hombre de 46 años enfrentan cargos por intimidación pública en calidad de coautores por una amenaza ocurrida el 1 de agosto en el Colegio San Francisco/Padre Roque Correa.
Julieta Molé, auxiliar de fiscal, presentó la acusación basada en la coordinación de ambos imputados para generar temor público a través de correos electrónicos falsos. Se solicita la prisión preventiva por dos meses, resaltando la conexión IP asociada a los domicilios de los acusados y la falta de respeto por las leyes y protocolos. Además, se busca la reparación del daño mediante la inhibición de bienes por la suma de $3.000.000 para cada imputado.
Finalmente, el juez a cargo acordó parcialmente con la Fiscalía, ordenando la prisión preventiva por 29 días y el traslado de los acusados a establecimientos penitenciarios específicos.
El psicólogo, Roberto Marchetti, expresó que estas imputaciones si bien paralizarian las falsas amenazas de bomba, a largo plazo no evitarán que estas sucedan. Según el especialista se debe concientizar ya que es un problema grave que necesita ser intervenido en diferentes aspectos.”Esto no es una travesura” finalizó Marchetti.
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