En la quietud solemne de los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, un expediente empieza a tomar temperatura. Se trata del caso Vialidad, la causa que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y que ahora, tras múltiples idas y vueltas judiciales, encara su recta final ante el máximo tribunal del país. El movimiento lo activó una figura conocida en Comodoro Py: el fiscal general Mario Villar, que insiste en que la ex vicepresidenta no solo debe ser condenada a seis años de prisión, sino a doce, como jefa de una asociación ilícita.
El Tribunal Supremo, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti —todos apuntados por Cristina en su fallido intento de juicio político—, será el encargado de revisar no solo el reclamo del fiscal sino también los recursos de queja presentados por las defensas de todos los condenados. Una instancia definitiva.
La escena se montó tras el rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal a los recursos que buscaban anular la condena por un fraude al Estado estimado en más de 85 mil millones de pesos. El golpe de la Casación dejó a los involucrados con una sola salida: recurrir a la Corte.
La llave ahora está en manos del procurador general Eduardo Casal. Por estos días, su oficina estudia con sigilo la queja formalizada por Villar. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, su dictamen será determinante: sin su opinión, la Corte no moverá ficha. “El expediente debe estar consolidado para su análisis”, dijo una fuente del tribunal. Es decir, todas las piezas deben estar sobre la mesa antes de que los jueces decidan si siquiera abren los recursos.
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La maniobra del fiscal general es clara: busca reconfigurar el mapa de responsabilidades. No sólo quiere que Cristina Fernández reciba una pena más dura, sino que también reclama una ampliación del decomiso patrimonial y la reversión de la absolución de Julio De Vido, su ex ministro de Planificación. Según el planteo, la estructura que manejó la obra pública durante los gobiernos kirchneristas fue diseñada para desviar fondos del Estado, en especial en la provincia de Santa Cruz.
En este punto, la fiscalía también encontró un aliado en la Casación: el juez Gustavo Hornos, quien consideró que la decisión de absolver por asociación ilícita fue “arbitraria”, y advirtió que la falta de decomisos suficientes podría comprometer al país frente a sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, Cristina Kirchner sostiene que el proceso estuvo teñido de arbitrariedad, gravedad institucional y parcialidad. Cuestiona duramente que la Sala IV de Casación haya desestimado sus principales reclamos. Pero la sentencia es clara: validó los fundamentos del TOF 2 y sostuvo que las 51 obras viales adjudicadas entre 2003 y 2015 en Santa Cruz fueron parte de una “notable maniobra fraudulenta”.
Ahora todo descansa en el escritorio de Casal, sin plazos que lo apuren. El procurador podría ser convocado a opinar sobre otras quejas similares. Mientras tanto, la ex presidenta aguarda, en pleno año electoral, el avance de una causa que podría sellar su destino político y judicial.
Como en un ajedrez judicial de altísimo voltaje, las piezas están en movimiento. Y la última jugada será, como siempre, de la Corte.