Durante los primeros quince meses en el poder, la administración del presidente Javier Milei ha implementado uno de los ajustes más profundos en la estructura del Estado en décadas. Con la salida de 42.034 empleados, equivalente a una reducción del 8,4% en el personal estatal, se marca un antes y un después en la administración pública.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, informó oficialmente que esta política de reducción forma parte de una estrategia más amplia para disminuir el gasto público y alcanzar el equilibrio fiscal. Según el informe, este recorte se traduce en un ahorro anual estimado de USD 1.635 millones.
El ajuste abarcó tres áreas fundamentales: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad. La APN fue la más afectada, registrando una disminución del 11,8% en su plantel, seguida de una caída del 15% en las empresas públicas, mientras que el sector de defensa y seguridad presentó menores reducciones.
Dentro de la APN, el impacto varió según el tipo de contratación. El personal de planta, tanto permanente como transitoria, se redujo en un 6%, y los empleados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) cayeron un 18,6%. El golpe más contundente se dio en el régimen LOYS —monotributistas regulados por el Decreto 1109/17—, que sufrió una drástica reducción del 50,7%.
El análisis financiero reveló que, utilizando los salarios promedio ponderados de febrero de 2025, el ahorro directo en sueldos asciende a USD 817,5 millones anuales. Sin embargo, al sumar los costos indirectos asociados —como infraestructura, servicios, insumos y equipamiento—, el costo total de un empleado se duplica, confirmando el ahorro total de USD 1.635 millones.
Desglosado por categoría, el mayor ahorro se registró en las desvinculaciones bajo la Ley Marco (USD 216 millones), seguido por el personal de planta (USD 190 millones) y los contratos LOYS (USD 61 millones). Al incluir los costos indirectos, estos valores se duplican, lo que resalta el impacto financiero de esta medida.
El informe oficial utiliza el salario promedio de la APN para estimar el ahorro en otros sectores, una aproximación considerada conservadora por algunos críticos, quienes sostienen que los costos reales podrían ser mayores.
Desde el Gobierno, el recorte ha sido defendido como parte de un compromiso con la eficiencia y la austeridad fiscal. “Son menos impuestos para todos nosotros”, afirmó el ministro Sturzenegger en sus redes sociales, destacando que cada reducción está diseñada para avanzar hacia el superávit fiscal.
Sin embargo, el proceso ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores afines al oficialismo celebran la medida como un paso necesario hacia la modernización del aparato estatal, la oposición y diversos sindicatos han expresado su preocupación por la pérdida de funciones esenciales en áreas clave como la salud, educación y ciencia. Además, se denuncia la falta de evaluaciones de desempeño y de procesos de revisión adecuados en algunas desvinculaciones.
Frente a estas críticas, el Gobierno ha asegurado que la reducción fue planificada meticulosamente y anunció el inicio de una segunda etapa. Esta próxima fase incluirá la eliminación de áreas estatales no esenciales y una revisión integral para eliminar duplicidades y superposiciones, garantizando que solo se mantengan aquellas dependencias con un impacto real en la gestión pública.
Simultáneamente, este recorte en el empleo estatal se enmarca en una política más amplia de reducción del gasto público, que también ha afectado partidas como las transferencias a las provincias, la obra pública y los subsidios, contribuyendo significativamente a la mejora del resultado fiscal en los primeros meses de 2025.
Esta transformación estructural en el Estado, que busca optimizar recursos y lograr un equilibrio fiscal, continúa generando un profundo debate sobre el futuro de los servicios públicos y la dirección de la política económica nacional.