El Departamento de Estado de los Estados Unidos tomó una decisión que sacudió el escenario político argentino: Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido no podrán ingresar a territorio estadounidense por su presunta participación en casos de corrupción significativa. La sanción se enmarca en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones, que permite al gobierno de EE.UU. restringir el ingreso de funcionarios extranjeros sobre los que existan pruebas creíbles de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
El comunicado, firmado por el secretario de Estado Marco A. Rubio, señala que la expresidenta y el exministro de Planificación abusaron de sus cargos para beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obra pública. Según el Departamento de Estado, estas maniobras provocaron el desvío de millones de dólares del gobierno argentino.
“Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal”, afirmó Rubio en el anuncio oficial. Además, remarcó que la medida busca reafirmar el compromiso de la Casa Blanca en la lucha contra la corrupción global.
Una sanción que alcanza a la familia
Más allá de la inhabilitación de Kirchner y De Vido, la disposición también afecta a sus familiares inmediatos, quienes tampoco podrán ingresar a EE.UU. Esta medida no requiere una condena firme en su país de origen, sino que se basa en la información y evidencia que el Departamento de Estado considera suficiente para justificar la prohibición.
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El término utilizado en el anuncio, “designación”, implica que una persona ha sido oficialmente identificada y sancionada por el gobierno estadounidense por su rol en actos de corrupción o violaciones de derechos humanos. En este caso, la decisión llega luego de que ambos exfuncionarios fueran condenados en la justicia argentina por delitos vinculados a la obra pública.
Un mensaje con impacto internacional
La prohibición refuerza la postura de Washington respecto a la corrupción en América Latina y marca un precedente importante en la relación entre Argentina y Estados Unidos. La Casa Blanca envía así una señal clara sobre su política de tolerancia cero frente a delitos de esta magnitud.
Mientras tanto, en Argentina, la medida ya genera repercusiones en el ámbito político y mediático, reavivando el debate sobre la transparencia y el impacto de estas decisiones en la dirigencia local.