Este martes por la mañana, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, bajo la presidencia de Carlos Gallia, dio dictamen favorable a un conjunto de modificaciones al Código Tributario impulsadas por el Poder Ejecutivo. Un paso que, según los legisladores, busca simplificar el entorno fiscal para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y optimizar la base de recaudación fiscal. Los ajustes en cuestión, si bien técnicos, prometen tener un impacto notable tanto en la administración como en los contribuyentes.
Al finalizar la reunión, Gallia destacó las principales reformas aprobadas. “Entre las modificaciones más relevantes, se encuentran los cambios en la denominación de algunos organismos”, explicó el legislador. Un ejemplo de ello es la sustitución de “AFIP” por “ARCA”, una medida que, según Gallia, refleja una renovación en la forma de entender la fiscalización.
Uno de los aspectos más novedosos de esta reforma es la creación de la figura del “responsable sustituto”. Actualmente, en el ámbito fiscal, existe la figura del “responsable solidario”, en la cual tanto el contribuyente principal como el solidario comparten la responsabilidad de forma mancomunada. Con el “responsable sustituto”, el deudor principal será reemplazado directamente por otra persona, cuya designación quedará a cargo de las autoridades fiscales. Esta modificación tiene como objetivo garantizar una mayor efectividad en el cobro de impuestos, al contar con un responsable claro y designado para cada caso.
Además de estos cambios, Gallia mencionó que el dictamen establece un nuevo tributo para aquellos que participen en litigios ante el Tribunal Fiscal de la provincia. En este sentido, los litigantes deberán abonar un 4% sobre los montos en disputa, lo que, según el legislador, contribuirá a la sostenibilidad del sistema fiscal y a la agilidad en la resolución de conflictos.
Respecto a las inquietudes sobre la verificación de saldos prescriptos, Gallia fue tajante: “La verificación no implica una nueva inspección sobre años prescriptos, sino un análisis de la veracidad de los saldos a favor reclamados por los contribuyentes”. Se trata, aclaró, de un mecanismo para evitar que el fisco devuelva montos sin la debida verificación, protegiendo tanto a los contribuyentes como al sistema.
Además de estas reformas, la Comisión aprobó dictámenes favorables sobre la Ley Impositiva, la cual introduce un plan de facilidades de pago para quienes integran la actividad azucarera, con un plazo de hasta 36 meses para el pago de tasas de servicio. También se extendió el plazo hasta el 31 de diciembre para la presentación de los certificados de cumplimiento fiscal, lo que permitirá a los proveedores del Estado participar en futuras licitaciones públicas.
La reunión contó con la participación de los legisladores Francisco Serra, Claudio Viña, Carlos Najar, Sandra Figueroa, Hugo Ledesma, Sara Lazarte y Silvia Elías de Pérez, quienes coincidieron en que las reformas aprobadas contribuirán a un sistema fiscal más ágil, justo y adecuado a las necesidades de los contribuyentes.