El expresidente Alberto Fernández llegó este miércoles a las 9.30 a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, para prestar declaración indagatoria como en la conocida como causa de los seguros, en la que se investigan presuntos hechos de corrupción durante su gobierno. El exjefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
Había sido citado para las 10 de la mañana por el juez federal Julián Ercolini, tras haber sido postergada la citación inicial para el 20 de noviembre ante un pedido de la Fiscalía por razones de agenda la convocatoria.
Además, para el jueves quedaron citados el imputado broker de seguros Héctor Martínez Sosa, y su esposa y exsecretaria privada de Fernández, María Cantero.
Según precisó Infobae, Fernández responderá preguntas, aunque el rumor instalado en la previa era que iba a presentar un escrito. “Hace mucho tiempo que no habla y tiene ganas de hablar”, le dijo un allegado a ese medio. El expresidente llegó temprano a los tribunales de Retiro y pidió que se cierre el cuarto piso, donde está el juzgado de Ercolini, para no tener contacto con los periodistas.
A los acusados se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”.
Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”, detalla la imputación.
También, “en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta. La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´NACIÓN SEGUROS S.A.´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.
“Según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”, agregó.
Toda esta operación “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.
Entre ellos están los también citados a indagatoria Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello.
El primero de ellos es esposo de la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, “quien poseía un lugar de privilegio” porque era “la secretaria histórica” del ex presidente, “luego devenida en secretaria presidencial y sin que existieran procesos de selección alguno”, puntualizó el juez.
“Corresponde señalar que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez.
La investigación está a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo. Fernández está imputado además en la causa por violencia de género que le inició la exprimera dama Fabiola Yañez, en el marco de la cual sumó la semana pasada un pedido de citación a declaración indagatoria de la fiscalía, que también tiene que resolver el juez Ercolini.
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