La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de prórroga de Argentina para presentar garantías por el juicio por YPF. Esto significa que, el 10 de enero, durante los primeros días del próximo año, el país deberá pagar unos US$16.000 millones.
Así lo determinó la jueza Loretta Preska, quién no dio lugar al pedido de extensión de 90 días en los plazos, así como la posibilidad, a partir de la crisis económica actual, de comprometer activos como depósito, algo que había solicitado la letrada a inicios de noviembre, acompañada de otras condiciones.
Este monto está relacionado con los daños económicos de la estatización durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuya indemnización por “expropiación indebida” será recibida, en caso de efectuarse el pago, por los fondos Burford e Eton Park, dos fondos que adquirieron los derechos de la demanda.
Esto, claro está, en medio de la transición de un ciclo, como es el de Javier Milei, que asumió apenas hace dos semanas. “Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo gobierno le prestaría atención inmediata”, escribió la magistrada en su fallo.
¿Cómo pagará Argentina en medio de la sangría de divisas?
Según comentó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor y una de las personas que más en detalle siguió el litigio, los U$S16.000 millones podrán abonarse no solamente en dinero en efectivo, divisas con las que hoy no cuenta, valga la redundancia, un Banco Central con sangría de reservas y en números rojos, sino también con activos cuyo valor deben ser aprobados por los beneficiarios del fallo.
Sin embargo, lo preocupante es que si el 11 de enero no está cumplido el compromiso, y no están presentado los avales por el total del monto en cuestión, podría comenzarse el proceso de pedido de embargos contra el Estado Nacional.
La duda pasa, en medio del contexto actual en materia de divisas, a cómo se abonará dicha cifra, a pagarse en un corto plazo. Según el economista Pablo Tigani, probablemente se emitan bonos soberanos a diez o veinte años para hacer frente a esta obligación.
Esta situación toma lugar luego del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que, entre otras cuestiones, plantea la convergencia de las empresas estatales a Sociedades Anónimas, como primer paso preparatorio para su posterior privatización.
A su vez, toma lugar en medio de un delicado panorama en torno a las cuentas públicas: mientras la gestión de La Libertad Avanza tiene como objetivo el déficit cero, en simultáneo busca fuentes de financiamiento, tanto sea interno como externo. En este sentido, toma relevancia la re-negociación que encabeza el ministro Luis Caputo con el Fondo Monetario Internacional, con la premisa de re-ajustar el calendario de vencimientos y conseguir desembolsos.
Fuente Perfil
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