La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves que la Prefectura Naval podrá, desde este viernes, “usar todo tipo de armas de fuego” para dejar de estar en una “situación desventajosa en el patrullaje de ríos”, como primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad.
Así lo indicó Bullrich al presentar el comienzo de la restitución del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que había sido suspendido durante el Gobierno de Alberto Fernández.
“Mañana (por el viernes) en el boletín oficial va a estar publicada una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego policiales y no solo las armas cortas que hoy tienen permitidas”, indicó la ministra durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la cartera de Seguridad, ubicada en Gelly y Obes 2289, ciudad de Buenos Aires.
Esta medida es el primer paso del restablecimiento del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, una normativa dictada por medio de la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.
Esta resolución fue dejada sin efecto por la extitular de la cartera de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019 durante la administración de Fernández.“Hemos trabajado este protocolo para que la Prefectura pueda proteger su gente, las fronteras, la ciudadanía y estar en mejores o iguales condiciones en la que están los criminales”, sostuvo Bullrich, y detalló que en la actualidad los agentes de esta fuerza se encuentran “en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera en relación a los delincuentes”.
La ministra ejemplificó esta situación de la Prefectura con dos casos recientes en que los efectivos no pudieron repeler ataques de delincuentes con armas de fuego y objetos contundentes: uno de ellos en el kilómetro 216 del Río Paraguay, en Formosa; y otro en el kilómetro 1076 del Río Uruguay, en Misiones.
“Las armas cortas que hoy tienen permitidas no tienen el alcance necesario cuando los botes y barcos que vienen con cargamentos ilegales cruzan y se van hacia la frontera”, señaló.
Dentro del reglamento dispuesto en la resolución 956/2018 se encuentra el aval para que los efectivos puedan usar sus armas reglamentarias sin tener que identificarse a viva voz cuando haya “un riesgo de muerte o lesiones graves a otras personas”, y también para poder utilizarlas aún cuando el delincuente “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”, entre otras posibilidades.
Estas disposiciones fueron criticadas por distintas organizaciones y dirigentes políticos que la calificaron como una vulneración al Código Penal y la Constitucional.