Entre los 664 artículos que componen las 163 páginas del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”– mejor conocida como ‘ley ómnibus’– ocho modifican la actual Ley de Salud Mental que fue sancionada en 2010, y sujeta a diversas interpretaciones desde aquel entonces.
La Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones fue promulgada en diciembre de 2010 y desde su entrada en vigencia planteó claroscuros. Los dos puntos más discutidos por los familiares son las dificultades para llevar adelante una internación involuntaria del paciente que sufre trastornos mentales o adicciones y la pretensión de cerrar los hospitales psiquiátricos o centros de internación de salud mental para ser reemplazarlos por centros de salud especializados
Entre las modificaciones más destacadas que plantea el proyecto de Ley Ómnibus del Presidente Javier Milei, se propone autorizar a los jueces para facilitar la hospitalización involuntaria en ciertos casos, y eliminar la prohibición de crear nuevos centros de salud mental y neuropsiquiátricos.
La iniciativa propuesta prevé cambios en 8 artículos de la actual Ley de Salud Mental entre los que se destacan los referidos a la creación de hospitales neuropsiquiátricos, algo que reclaman muchas familias de pacientes y profesionales de salud mental, pese a que su carácter retrógrado y contrario a las mejores prácticas en el respeto por los pacientes ya quedó demostrado. Por eso la legislación en vigencia promueve la desmanicomialización, buscando proteger los derechos del paciente en el sistema de salud. Aunque, según reclaman los familiares, no se logró en 13 años desarrollar herramientas que faciliten los tratamientos.
Otra modificaciones refiere al artículo 20, que prevé autorizar en ciertos casos a los jueces para que faciliten la hospitalización involuntaria de los pacientes. Y otra se refiere al Órgano de Revisión de las decisiones tomadas, en casos como los que definen hospitalizar involuntariamente al paciente por representar un riesgo para sí mismo o para terceros. El proyecto desestima allí la participación de los organismos nacionales de derechos humanos, y del Ministerio de Salud.