El Gobierno nacional declaró como “organización terrorista” a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Lo hizo mediante el decreto 210/2025 que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Según sostienen entre los argumentos del escrito, la agrupación mantiene vínculos con otros de nombre de fantasía que tienen objetivos comunes.
En el decreto se ordena inscribir a la RAM dentro del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), conforme al artículo 25 inciso d) del Decreto 918/2012 y sus modificatorios.
Según el Gobierno, la RAM mantiene vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (MAC) y “representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.
“Desde el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas y numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas, de manera selectiva o indiscriminadamente, con el ostensible y a veces declarado propósito de sembrar el terror. Todos ellos por separado y, más aun, analizados en su conjunto, reúnen las características del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina para que sus autores sean pasibles del agravante previsto por terrorismo”, aseveraron en la resolución.
La medida también sostiene que “desde que se derogó el Decreto Nº 805/21, que había prorrogado los plazos establecidos en la Ley Nº 26.160 -que impedía los desalojos de tierras usurpadas, una situación que se extendió de manera inconcebible durante 18 años-, los incendios en los bosques del sur argentino, especialmente en las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut fueron en aumento, en diversos casos se probó que se iniciaron de manera intencional y, por otro lado, abundan las denuncias en tal sentido.
“El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”, remarca el documento oficial.
Y advierte que “es necesario cortar todo tipo de financiación con la que puedan contar estos grupos violentos para llevar a cabo sus perversos fines”.
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