La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La iniciativa fue aprobada por 111 contra 96 votos y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que sufragaron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.
Los legisladores que se abstuvieron son los legisladores de JXC Carlos Zapata y Paula Omodeo, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
La iniciativa contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado tuvo dos dictámenes, uno promovido por el Frente de Todos y otro por la Coalición Cívica, la UCR, Evolución y el Interbloque Federal, donde las principales diferencias están planteadas en los niveles de autonomía que tendrá la Unidad de Información Financiera.
Al abrir el debate y explicar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy, dijo que “nuestro país debe ser evaluado por la GAFI y por eso es importante sancionar esta ley” y destacó que “han participado todos los sectores del Estado vinculados a la prevención del lavado”.
Entre ellos mencionó la Unidad de Información Financiera, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del BCRA, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema Justicia
Por su parte, la legisladora del Frente de Todos, Mónica Litza, afirmó: “Para nuestro país es relevante adecuar la normativa interna a los estándares internacionales que sugiere y aconseja el GAFI. Vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde los delitos son de acción interjurisdiccional”.
La legisladora de la Coalición Cívica, Mónica Frade, señaló que advirtió que “a los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris”
Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace señaló que “la UIF tiene que tener una autonomía e independencia funcional que se tiene que llevar a la práctica. Hoy la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo, donde este no cumple con los estándares que marca la UIF“.