El gobierno de Javier Milei deberá conseguir acuerdos mínimos para que el Decreto de necesidad de urgencia (DNU) con 366 artículos que anulan o modifican leyes vigentes no sea rechazado por las cámaras del Congreso, de Diputados y de Senadores.
El primer paso para el oficialismo es constituir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que analizará el decreto de desregulación económica. El Ejecutivo tiene un plazo de diez días hábiles para enviar el DNU 70/2023 al Congreso.
El objetivo es que al menos una de las cámaras no vote en contra (se aprueba o rechaza por mayoría simple). No aparece como un trámite tan sencillo.
El peronismo cerró filas en contra del DNU y Unión por la Patria (UP) es primera minoría en ambas cámaras. La Unión Cívica Radical (UCR), con la nueva conducción de Martín Losteau, también lo calificó de “inválido”.
Otros sectores, que podrían ser posibles aliados del gobierno, como “Cambio Federal” de Miguel Angel Pichetto y la Coalición Cívica, fuerzas que integraban Juntos por el Cambio, también pusieron límites sobre todo a las formas: hacer las reformas por decreto y sin debate. Privatizaciones y reforma laboral son algunos de los puntos cuestionados.
La conformación de la Bicameral
Para analizar el DNU, que entra en vigencia más allá de este recorrido que en paralelo debe hacer en el Congreso, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, deberán designar a los 16 miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, aún no conformada.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas.
La conformación ya es motivo de controversia en la Cámara de Diputados ya que el bloque de Unión por la Patria reclama que la distribución se haga a través del sistema D’ Hont para poder tener cinco de los ocho miembros, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, dijo el martes a los periodistas que esa disposición es para las comisiones permanentes pero no para las especiales, como lo es la Bicameral de Trámite Legislativo.
Si se aplica ese criterio de proporcionalidad, a Unión por la Patria le corresponderían cuatro representantes, uno a Libertad Avanza, uno al PRO, y uno a la UCR, informó Télam.
El restante es solicitado por un grupo de bloque denominado “Acuerdo Parlamentario” conformado entre Cambio Federal, Hacemos Nuestro Innovación Federal, y Coalición Cívica, que propone a Nicolás Massot.
En el Senado, Villarruel tiene que designar los 8 senadores, de los cuales tres serían para Unión por la Patria, y cinco a distribuir entre la nueva mayoría que armó en la última sesión cuando consiguió 39 senadores para imponer el presidente Provisional del Senado y la distribución de las comisiones permanentes, según indicaron fuentes parlamentarias.
El debate y el poroteo que se viene
Para poder respaldar el DNU por lo menos en una cámara, la Libertad Avanza deberá construir acuerdos en diputados con Cambio Federal, la UCR, Innovación Federal y Hacemos por Córdoba, pero hoy se enfrenta con objeciones desde algunas de estas fuerzas políticas que reclaman que algunos puntos del decreto se tratan a través de un conjunto de iniciativas.
En Diputados, el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) tiene 37 legisladores. Necesitarían al menos 90 para llegar a una mayoría (128 votos). Aún con los 37 del PRO como aliados, quedarían muy lejos de ese número.
En el Senado, LLA tiene 7 bancas sobre 72. Le faltarían 29 adhesiones en una cámara fragmentada por los representantes de las provincias.
El diputado de Cambio Federal, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo en su cuenta de la red social X que “esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso” y manifestó que “muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley y, seguramente, muchas podrían tener su aprobación”.
En la misma línea, el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, consideró que “este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos”.
“En el contenido del mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente”, señaló Lousteau y afirmó que “otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso”.
En cambio, desde Unión por la Patria, el presidente del bloque de Senadores, José Mayans, dijo que “estamos ante un gran y enorme fraude electoral. Todo el decreto es inconstitucional, pasó por encima de todos los poderes, esto es una política de entrega del país que beneficia a 10 vivos, ni la más mínima consideración para la gente”.
En declaraciones a FutuRock, el senador informó que desde el bloque de Unión por la Patria están “solicitando de urgencia constituir la comisión de DNU” para que “emita un despacho por sí o por no” sobre la norma anunciada anoche en cadena nacional por el presidente Milei.
Se pronunciaron en contra desde el expresidente Alberto Fernández, a gobernadores, legisladores, intendentes, el PJ nacional y de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo, el massismo, la CGT y la CTA. Definen una estrategia en común.
Plazos
El Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU y la Bicameral cuenta con otros diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo.
Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una “sanción tácita”.
Uno de los puntos centrales es que la Comisión Bicameral Permanente cumple funciones incluso durante el receso del Congreso de la Nación, y que sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
En caso de que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento, y tendrá que emitir dictamen en un plazo de diez días.