El Gobierno apura una desregulación para que el Estado no esté obligado a contratar empresas públicas

En medio de la investigación por presunta corrupción contra Alberto Fernández por la contratación directa de seguros en el Estado, el Gobierno publicará un decreto para desregular el sistema para que cualquier empresa privada pueda prestar ese servicio, sin necesidad de intermediarios.

A fines de febrero pasado, la actual gestión del presidente Javier Milei dejó sin efecto una norma que se implementó durante la administración anterior y que le ordenaba a los organismos públicos tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros.

Las autoridades nacionales buscan quitarle “privilegios” a las empresas públicas

Puntualmente, las maniobras ilícitas se habrían realizado en el marco de la Resolución 2/2022, de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aprobó la solicitud de los servicios de Nación Seguros.

Según el texto, la empresa estatal, que pertenece al grupo financiero del Banco Nación, se debía hacer cargo de “la cobertura de Seguro de Vida Colectivo sobre Saldo Deudor para los beneficiarios tomadores de préstamos dentro del Programa ‘Créditos ANSeS’, para las líneas de créditos destinadas a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC), Pensión al Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)”.

De esta manera, cada vez que el organismo le otorgaba un préstamo a un jubilado o beneficiario de alguno de los mencionados planes sociales, debía contratar un seguro de vida para esa persona y solamente podía hacerlo a través de esta compañía estatal. Lo mismo sucedía con otras entidades estatales.

De acuerdo con lo que precisaron diferentes fuentes oficiales, la idea del Gobierno ahora es desregular este sistema para quitarle el monopolio del negocio, no solo a Nación Seguros, sino a todas aquellas empresas públicas que se vieran beneficiadas con normativas similares.

Alberto Fernández es investigado por supuesta corrupción y violencia de género (AP)

El objetivo de la iniciativa es que ni el Poder Ejecutivo ni los organismos descentralizados estén obligados a contratar el servicio de alguna firma estatal en particular, sino que puedan, en cambio, recurrir al sector privado para cubrir sus necesidades.

Esta tarea estaría a cargo del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger y que se ocupa de la destrucción de “restricciones inútiles”, entre otras reformas.

Según adelantaron fuentes cercanas al funcionario, el decreto se publicará “las próximas semanas” luego de recorrer un circuito burocrático que incluye a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica.

“Mi función es bastante transversal y la capacidad de avanzar se basa en la coherencia ideológica de todo el equipo. Cuando voy a plantear una desregulación, no me encuentro con alguien que piense diferente dentro del Gobierno”, explicó el funcionario en un reciente encuentro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Entre otras medidas que se tomaron en lo que va de su corta gestión, Sturzenegger anunció la liberación del sector aerocomercial, la disolución de diferentes organismos, la flexibilización para la renovación del certificado de discapacidad y la eliminación de la exclusividad de la SUBE para el pago del transporte.

De acuerdo con lo que señalaron desde el Gobierno, todas estas decisiones se tomaron porque la actual gestión busca “quitarles los privilegios a las empresas públicas”, por lo que las siguientes iniciativas irán también en ese sentido.

Si bien todavía no está preparado el Decreto que modificaría la norma establecida durante la administración de Alberto Fernández, la desregulación para las contrataciones en el Estado ya está en la agenda de las autoridades nacionales y que se da en el contexto de la causa por presunta corrupción.

De hecho, fue a partir de los allanamientos que se llevaron adelante en el marco de esta investigación que el juez federal Julián Ercolini secuestró el teléfono de quien fue la secretaria privada del ex mandatario nacional, María Cantero, en el que encontró conversaciones y fotografías de la ex primera dama, Fabiola Yañez, con moretones.

Fue así como el magistrado tomó conocimiento de los hechos de violencia de género, que luego se amplió con la declaración de la supuesta víctima: se conocieron desde las patadas cuando estaba embarazada hasta que Alberto Fernández la agarró del cuello porque ella le recriminó un intento de infidelidad con una amiga suya.

“Y pensar que todo esto arrancó cuando la tan criticada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció a la Justicia las maniobras irregulares con los seguros durante el último gobierno kirchnerista…”, comentó al respecto Milei, en un mensaje que publicó en su cuenta de X.