El Gobierno nacional está ultimando los detalles de un proyecto de ley destinado a combatir la violencia en el fútbol, endureciendo las penas contra las barrabravas y los dirigentes que las financien. La iniciativa, que aún requiere la aprobación final del presidente Javier Milei, es trabajada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad y la Casa Rosada.
Entre los puntos centrales de la propuesta se destaca la declaración de las barras bravas como asociaciones ilícitas, lo que implicaría sanciones de hasta 20 años de prisión. Además, se prevé la responsabilización de los dirigentes de clubes que suministren entradas a estos grupos y la inhabilitación administrativa de los violentos para ingresar a los estadios.
La decisión de acelerar la presentación de la ley surgió tras los disturbios ocurridos en la última movilización frente al Congreso, en la que, según el Gobierno, participaron barrabravas junto a sectores políticos opositores. En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró: “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó la violencia que vimos ayer.”
Asimismo, la norma contemplará sanciones a quienes operen fuera de los estadios en actividades ilícitas vinculadas a estos grupos, como los “trapitos” que cobran por estacionamiento en las inmediaciones de los partidos.
En línea con la reciente “Ley Antimafia”, que endureció las penas contra el crimen organizado, el proyecto también propone que todos los integrantes de estas asociaciones sean responsables del delito más grave cometido por alguno de sus miembros.
Aunque aún se encuentra en fase de borrador, el oficialismo espera que la “Ley Antibarras” se convierta en una herramienta clave para erradicar la violencia en el fútbol y evitar su uso con fines políticos.