El Gobierno comunicó que el presidente Javier Milei avanzó con la designación por decreto simple, en comisión, del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de la Nación. Esta posibilidad se materializó este martes luego de una reunión de gabinete convocada por el mandatario en Casa Rosada.
Milei firmará el decreto para nombrarlos en comisión durante un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión. El decreto se publicaría en la medianoche en el Boletín Oficial. Por esta vía, Lijo y García-Mansilla completarán la cúpula del máximo tribunal junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Oficina del Presidente difundió un comunicado confirmando la noticia. “El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su ml con normalidad con tan solo tres ministros”, indicaron.
Y añadieron: “Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”.
“En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos”, sigue el comunicado.
“El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, concluye el comunicado.
El nombre de Lijo, que genera resistencia entre los bloques aliados al Gobierno, fue el único cuyo dictamen alcanzó las firmas necesarias para ser tratado en el recinto. La propuesta la elevó Ricardo Lorenzetti, según reconoció el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. El oficialismo confirmó su postulación, junto con la de García-Mansilla, en marzo de 2024.
El artículo 99 de la Constitución Nacional faculta –en su inciso 19– al Poder Ejecutivo para “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
El viernes pasado, el oficialismo pretendía tratar en el Senado el pliego de Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema, pero debió suspender la sesión porque no llegó a juntar los apoyos necesarios.
En tanto, desde la oposición ya habían adelantado que sería rechazada cualquier designación de jueces vía decreto. “Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, adelantó en noviembre pasado el titular del bloque de Unión por la Patria, José Mayans.
También el expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri, ha manifestado públicamente su oposición al nombramiento del juez federal. “Le comenté –a Milei– que no me gusta Lijo y me contestó que es una decisión. Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza”, dijo en declaraciones a LN+, en agosto pasado.
La Corte, a su vez, había manifestado su desacuerdo con una designación por decreto de los nuevos jueces, motivo por el que, en diciembre, elaboraron un sistema para funcionar con conjueces. Ese mes, el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti lanzó incluso una advertencia velada y dijo que si a Milei se le ocurría designar por decreto a nuevos miembros del máximo tribunal, serían los propios cortesanos los que tendrían la última palabra sobre la constitucionalidad o no de esa decisión.
El proceso de nominación de Lijo y García-Mansilla se inició el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de los candidatos para su correspondiente acuerdo. Posteriormente, el 15 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial los antecedentes de ambos juristas y se activaron los procedimientos de consulta y participación ciudadana.
Luego de cumplirse todas las instancias requeridas, la administración remitió los mensajes al Senado el 27 de mayo de 2024 para solicitar su aprobación, y el 21 y 28 de agosto se llevaron a cabo las audiencias de Lijo y García-Mansilla, respectivamente.
Tras estas instancias, ambos candidatos quedaron en condiciones de obtener dictamen y ser sometidos a votación en la Cámara Alta. Sin embargo, sus pliegos no fueron tratados durante el período ordinario de sesiones, ni tampoco en sesiones extraordinarias.