En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno Nacional dispuso la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025. La medida responde a la decisión de trasladar la responsabilidad de la política habitacional a provincias, municipios y al sector privado, reduciendo la intervención del Estado Nacional en esta área.
La decisión se enmarca en el cierre de diversos fondos fiduciarios vinculados a la política de vivienda, los cuales, según el Gobierno, registraron irregularidades y fallas en su ejecución. Entre ellos se encuentran el Fondo Fiduciario del Programa PROCREAR, disuelto mediante el Decreto 1018/2024, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, cerrado por el Decreto 6/2025, y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se encuentra en proceso de liquidación.
En la normativa publicada en el Boletín Oficial, se estableció que la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y la Dirección Nacional de Arquitectura pasarán a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Asimismo, el cierre de la Secretaría se llevará a cabo de manera ordenada y progresiva a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).
Desde Casa Rosada señalaron que este cambio busca dejar atrás el modelo de gestión estatal en materia de vivienda para dar lugar a un esquema basado en el crédito privado y la participación del sector inmobiliario en el desarrollo habitacional del país