Esta normativa rige desde junio de 2020 y establece que los contratos tendrán algunos cambios: los incrementos serán cada 12 meses establecidos por un índice que tiene en cuenta la inflación y los salarios.

Además el contrato mínimo será por tres años, se pagará un solo mes de deposito, se amplían la gama de opciones de garantías, los contratos deberán ser inscriptos en la AFIP, las expensas extraordinarias quedan a cargo del locador, y los inquilinos podrán rescindir el contrato, en algunos casos, sin pagar penalidad.

Durante una reunión entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa se discutió esta cuestión como un asunto prioritario y se decidió estudiar el marco jurídico aplicable para llevar a cabo la suspensión legal de la norma. Para lograr esto, se está considerando la posibilidad de emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Romina Gordillo, vicepresidente de la Cámara de Corredores inmobiliarios de la provincia, brindó detalles sobre esta posible suspensión de la Ley de Alquileres