En una reciente entrevista con VIVO AM, el juez penal de Esquel, Chubut, Carlos Richeri , abordó el creciente desafío de la evidencia digital en el ámbito judicial. Durante su conversación, Richeri destacó la necesidad de establecer controles rigurosos para validar pruebas digitales y proteger la privacidad durante las investigaciones.

El juez enfatizó los riesgos asociados con la aceptación de evidencia digital sin un análisis previo. Con el auge de tecnologías como los filtros de inteligencia artificial en aplicaciones como Instagram, la autenticidad de las imágenes se vuelve cuestionable. “Las imágenes pueden ser alteradas significativamente, desde cambios en el color de los ojos hasta modificaciones completas del sexo,” explicó Richeri , subrayando la importancia de asegurar que las pruebas presentadas en juicio reflejen fielmente la realidad.

Richeri también abordó la gestión de la información obtenida de dispositivos móviles durante los peritajes. Enfatizó que los métodos forenses actuales permiten la creación de copias exactas de la información de un teléfono, lo que plantea retos adicionales en términos de privacidad. “La privacidad protegida por la Constitución se extiende ahora a los dispositivos móviles, que contienen información detallada sobre la vida de una persona,” dijo el juez. Aseguró que se deben seguir estrictos protocolos para evitar la invasión de la privacidad y garantizar que la información obtenida se utilice únicamente para el propósito de la investigación.

El juez también mencionó que, en casos de alto perfil, como investigaciones relacionadas con secretos de Estado, el manejo de la información debe ser aún más cuidadoso. Las copias deben ser protegidas adecuadamente para prevenir filtraciones y el análisis no autorizado de datos. Richeri ilustró su punto con un reciente caso en el que se descubrió información no relacionada con el delito principal debido a la falta de límites claros en la investigación.

En resumen, Richeri instó a jueces, fiscales y defensores a mantenerse vigilantes en la validación y manejo de la evidencia digital para proteger los derechos individuales y garantizar la justicia en la era digital.