En la trama silenciosa del poder, los movimientos más decisivos rara vez llegan con estruendo. Se insinúan. Se deslizan. Se filtran. Así comenzó a perfilarse la posible reforma previsional del gobierno de Javier Milei. No hubo anuncio formal, ni proyecto en carpeta, pero sí señales, documentos, frases que adquieren otro peso cuando el telón de fondo lo pone el Fondo Monetario Internacional.
Primero fue el recorte de una herramienta clave: la moratoria previsional, por la que más de 580.000 personas pudieron acceder a una jubilación en los últimos dos años. Luego, un informe oficial que habla de “revisión estructural” del sistema. Después, la advertencia del FMI: el equilibrio fiscal no se sostiene sin meter mano en el esquema previsional.
El mensaje llegó desde Washington con el tono medido pero inflexible de Kristalina Georgieva. “El programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal (…) con reformas bien secuenciadas del sistema de pensiones”, apuntó. Traducido: el déficit cero que el Gobierno promete alcanzar para 2026 tendrá que incluir cirugía en el régimen jubilatorio.
En este escenario, el presidente Milei —que había negado la urgencia de una reforma hace apenas dos meses— se recuesta en una lógica distinta: “No se puede pensar una reforma previsional si antes no se arregla la cuestión laboral”, dijo. Y apuntó a una realidad que ya no se puede esconder debajo de la alfombra: casi el 42% de la mano de obra está en la informalidad.
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Pero la presión existe, y no solo del FMI. Los datos del sistema muestran un cuadro crítico. El país envejece —la tasa de natalidad cayó de 2,4 hijos por mujer en 2014 a 1,4 en 2023—, los aportantes se reducen y las trayectorias laborales ya no son lineales. El equilibrio financiero de las jubilaciones se descompone en cámara lenta, mientras el Estado busca cómo evitar el colapso sin perder capital político.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó ante el Congreso un informe que confirma lo que se cuece puertas adentro del Palacio de Hacienda: “La sostenibilidad del sistema previsional es un desafío global”, advierte, y agrega que el Gobierno está realizando un diagnóstico exhaustivo basado en experiencias internacionales, datos demográficos y proyecciones fiscales.
Hasta ahora, no hay definiciones concretas, aclaran desde el Ejecutivo. Pero los gestos marcan el camino. El despido del ex titular de ANSES, Mariano de los Heros, tras sus dichos sobre eliminar jubilaciones sin 30 años de aportes, pareció cerrar la puerta a reformas drásticas. Sin embargo, el final de la moratoria y el empuje del FMI vuelven a abrir ese mismo debate por la ventana.
Mientras tanto, el sistema se acomoda como puede. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) gana protagonismo como una especie de “jubilación mínima de segunda categoría”. Más de 203.000 personas la perciben actualmente, tras superar un control socioeconómico que, según el Gobierno, garantiza que el beneficio no llegue a los sectores más acomodados. Lo cierto es que, en la práctica, eleva a 65 años la edad jubilatoria para miles de mujeres que antes podían retirarse a los 60.
“El trabajo técnico es fundamental”, repite el informe oficial, casi como un mantra. La frase, sin embargo, no alcanza a disimular la tensión subyacente: ajustar sin recortar derechos, reformar sin estallar la calle. Un acto de equilibrio que, hasta ahora, ningún gobierno resolvió sin pagar costos.
Queda poco más de un año y medio para que llegue diciembre de 2026, la fecha que marcó el FMI como plazo máximo para que se concrete la reforma. Hasta entonces, el gobierno de Milei juega a dos bandas: contener la presión internacional y ordenar las cuentas internas, mientras la pregunta flota, cada vez más fuerte, en el aire político argentino
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