La Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado. La histórica medida rige a partir de este 1 de enero de este año y fue establecida luego de que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) informó que el último día de diciembre de 2023 ha concluido el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950
En 2018 la Iglesia había anunciado que comenzarían a “renunciar progresivamente” al aporte del Estado nacional. En ese año el aporte representaba cerca de 130 millones de pesos anuales.
La renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por abrumadora mayoría. “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”, decía a comienzos del año pasado una circular interna.
Luego de que, en 2018, la CEA anunciara su decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales -que entonces representaban unos 130 millones de pesos anuales-, en julio de 2020, los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país.