Argentina deberá a pagar la abrumadora suma de 16.000 millones de dólares por la indebida expropiación de las acciones de YPF, anteriormente en manos de la petrolera Repsol y el grupo Eskenazi. El fallo emitido por la jueza Loretta Preska, se hizo público durante la mañana de viernes y representó un revés catastrófico ya que la nación aspiraba a limitar su desembolso a no más de 5.000 millones de dólares.
La resolución judicial ahora obliga a ambas partes a entablar negociaciones basadas en el tope establecido en la sentencia. Funcionarios oficiales confirmaron esta mañana que la Procuración del Tesoro presentará una apelación, un movimiento que ya se había anticipado previamente.
La discrepancia entre la cantidad dictaminada en la sentencia y la demanda argentina se centró en el cálculo de los intereses desde la fecha de la intervención de los funcionarios argentinos en YPF hasta la fecha en que se aprobó la expropiación mediante una ley del Congreso.
Argentina buscaba que la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, reconociera que la fecha de expropiación era el 7 de mayo de 2012, coincidiendo con la promulgación de la ley de expropiación. De esta manera, la compensación se basaría en ese día y se pretendía que la tasa de interés anual retroactiva, aplicada desde 2012 hasta 2023, fuera del 0%, lo que resultaría en aproximadamente 5.000 millones de dólares.
Por su parte, el fondo Burford sostenía que la intervención en YPF se concretó el 16 de abril, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, asumió como interventor de la empresa, desplazando a los accionistas privados. Durante ese período hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF experimentaron una disminución del 25%.
En este escenario, Burford habría recibido alrededor de 8.300 millones de dólares, incluso con un interés del 0%, como demandaba Argentina. Sin embargo, las partes litigantes aspiraban a que se les reconociera una tasa del 8% anual, lo que llevaría el monto a 16.000 millones de dólares, como finalmente resolvió la jueza.
La jueza Preska justificó la tasa del 8% no solo a petición de Burford, sino que además argumentó en su fallo que la Corte la considera “apropiada y equitativa”.
En sus palabras: “La mejor prueba de que es una tasa justa es que es la misma que la República acordó en casos similares, como cuando pagó a Repsol 5.000 millones de dólares en bonos gubernamentales como compensación por su expropiación, incluida la deuda con un interés compuesto superior al 8%“. Esta fue la negociación que Axel Kicillof llevó a cabo cuando era ministro de Economía.
La suma de 16.000 millones de dólares que Argentina debe pagar supera el valor total de YPF en la actualidad, ya sea medido en dólares oficiales o en el mercado libre. Según el primer criterio, la capitalización de la petrolera asciende a 12.200 millones de dólares, mientras que bajo el segundo, a tasa de cambio libre, su valor se estimaría en 5.298 millones de dólares.