Con su publicación en el Boletín Oficial, la denominada Ley Antimafias comenzó a regir en Argentina. Esta reforma penal incrementa de manera significativa las penas para integrantes de bandas criminales, amplía la capacidad de investigación de la Justicia y las fuerzas de seguridad, y autoriza las detenciones por averiguación de delito, entre otros cambios.
La normativa, identificada como Ley 27786 de Organizaciones Criminales, toma como referencia la experiencia de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act de EE.UU. y la legislación antimafia de Italia. Su principal objetivo es brindar al Estado herramientas más eficaces para la investigación y sanción de organizaciones criminales.
Aumento de penas y nuevo tipo penal
Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es la creación de un delito específico de tipo mafioso, distinto de la asociación ilícita tradicional. Esta nueva figura establece penas más severas, que pueden superar los 50 años de prisión, dependiendo del delito cometido. Además, cada integrante de una organización criminal puede ser acusado y condenado por el delito más grave cometido por cualquiera de sus miembros, sin necesidad de participación material en el acto.
Asimismo, la ley establece que será castigado con penas de entre 8 y 20 años de prisión quien participe, coopere o ayude en la formación o mantenimiento de una organización delictiva dedicada a delitos graves, como narcotráfico, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tráfico de órganos, trata de personas y explotación infantil, entre otros.
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Decomiso de bienes y nuevas facultades de detención
Otro punto clave de la Ley Antimafias es la ampliación de las herramientas para combatir el crimen organizado. Se establece que los jueces podrán decomisar bienes sospechosos de ser producto de actividades criminales sin necesidad de condena previa. En estos casos, los bienes pasarán de manera inmediata a dominio del Estado Nacional, las provincias o la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, se introduce la posibilidad de detener a sospechosos por averiguación de delito con autorización de un fiscal competente, por un período de entre 48 horas y 30 días. Esta medida busca facilitar la investigación en casos de delitos complejos.
Ampliación de zonas de investigación y vigilancia digital
La norma también permite la delimitación de “zonas sujetas a investigación especial” dentro del país. Estas áreas, declaradas por un juez competente, podrán abarcar ciudades enteras si se considera necesario para la lucha contra el crimen organizado. En caso de delitos de jurisdicción provincial, la investigación especial deberá ser autorizada por jueces locales con solicitud del Ministerio Público Fiscal y la autoridad provincial correspondiente.
Además, la ley otorga amplios poderes a los jueces y fiscales para incautar mercaderías, requisar cárceles, inmovilizar activos, allanar e interceptar comunicaciones. En este sentido, se habilita la intervención de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, así como de redes sociales y otras plataformas digitales utilizadas por organizaciones delictivas.
Impacto y repercusiones
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que esta reforma penal fortalecerá la lucha contra el crimen organizado y permitirá actuar con mayor eficacia contra mafias y redes criminales. Al mismo tiempo, algunos sectores han manifestado preocupaciones sobre el impacto de estas nuevas herramientas en las garantías individuales.
Con la entrada en vigencia de la Ley Antimafias, Argentina adopta un modelo más rígido en materia de justicia penal, buscando reducir la impunidad y combatir las estructuras criminales de manera más efectiva.