El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicó que llegó a un acuerdo con el gobierno nacional en materia de financiamiento y, por ende, quedó suspendida la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril.
La medida fue resuelta por el secretario de educación este martes y comunicada por la UBA este miércoles. “La Secretaría de Educación ha dictado las resoluciones Nro. 179 y 180, incrementando el presupuesto oportunamente prorrogado. Si bien (las sumas) se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la universidad, posibilitan una programación presupuestaria”, se lee en los primeros puntos del documento emitido por los directivos.
Luego, el texto continúa: “Resulta oportuno suspender la emergencia presupuestaria vigente en el ámbito de la Universidad estableciendo, no obstante, el estado de alerta y profunda preocupación tanto en materia de la imperante actualización salarial así como también de la continuidad de las asignaciones presupuestarias aún restantes que permitan la planificación y desarrollo de todas las actividades durante el presente ejercicio”.
Hace poco más de un mes, la casa de estudios se declaró en emergencia presupuestaria y decidió restringir los servicios de luz y gas en los espacios comunes.
La novedad provocó la reacción del resto de las universidades nacionales, que siguen reclamando el avance de las tratativas y sostienen que no recibieron ninguna trasferencia de fondos. En este sentido, subrayan que existe una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno y piden que se aceleren las negociaciones.
Se trata de al menos 60 instituciones que insisten en la necesidad y urgencia de que el Estado les transfiera el monto de dinero requerido para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases.
De momento, solo la Universidad de Buenos Aires logró acordar una suma acorde a sus necesidades. Se trata de $26.016.488.265 que el Gobierno les transferirá con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros $35.436.785.336,00 para sostener los niveles de atención de la salud, sin perjudicar el resto de las funciones que llevan adelante.