Luego de que el gobierno nacional iniciara una acción judicial por presunta cartelización en el sector de la medicina prepaga, la situación parece haberse normalizado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Poder Ejecutivo Nacional no intervendrá en los precios de estas empresas. Esta declaración marca un cambio en la postura oficial respecto a la regulación de las tarifas en el sector.
Mario Koltan, presidente del COSSPRA, expresó su conformidad con la decisión. “Cartelización no existió”, aseguró, explicando que las compañías del sector han sido liberadas para establecer sus propios precios, en línea con el Decreto 70-23. No obstante, esta liberación de tarifas ha tenido un impacto considerable en los afiliados, muchos de los cuales han abandonado sus planes debido a los elevados costos.
Según Koltan, los próximos aumentos, previstos entre un 4% y un 7%, estarán por encima de los indicadores de inflación y podrían generar una nueva pérdida de afiliados. “Las intervenciones quirúrgicas y medicamentos para patologías complejas siguen siendo un motor que empuja el costo de la salud”, comentó.
En Tucumán, los aumentos seguirán el Índice de Reajuste de Tarifas por Ingresos de Trabajadores (RITE), el cual se ajusta a las paritarias salariales. Los planes más económicos costarán entre 45 y 55 mil pesos por persona, dependiendo del tipo de cobertura. Además, el sector enfrenta un desafío con el costo elevado de tratamientos oncológicos, que pueden alcanzar hasta 50 millones de pesos por mes, según Koltan.
A partir del 1 de diciembre, las empresas de medicina prepaga estarán obligadas a inscribirse en la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que les permitirá competir en igualdad de condiciones con las obras sociales.