La vicepresidenta, Victoria Villarruel, convocó este jueves una sesión en el Senado para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal para el próximo miércoles a las 10 h. De aprobarse, ambas normas serán con modificaciones y tendrán que volver a Diputados.
El oficialismo tuvo que aceptar retoques, entre otros, en el RIGI y en la Ley de Contrato de Trabajo. Otro de los cambios tiene que ver con el retorno de la cuarta categoría de Ganancias que engrosaría la masa coparticipable. En el nuevo texto que llegará al recinto habrá un piso más alto para las provincias patagónicas, a diferencia de la ley aprobada en Diputados.
Dictamen de ley Bases: las reformas que aceptó el Gobierno
Los cambios que habilitó el Gobierno y que se encuentran presentes en el borrador de la ley Bases son:
- Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos, el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.
- Se prolonga el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar procesos de privatización, de 30 días a 120 días.
- La posibilidad de manifestar la voluntad de no realizar aportes a obras sociales sindicales.
- Exceptúa la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de la Administración Pública, personal doméstico, empleados rurales y contratados.
- Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: autonomía provincial para definir si adherirse, proveedores con mercadería importada deben facturar, inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.
En cuanto a la reforma fiscal, ancladas en el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, se incorporaron:
- Figura del monotributo social.
- Impuestos a las Ganancias: un 22% de aumento en el piso mínimo de los asalariados de las provincias que integran la región patagónica.
- Blanqueo de Capitales: quitaron la posibilidad de hacerlo a través de criptomonedas y de que ingresen familiares de funcionarios.
- Regalías mineras: subieron del 3% al 5% el tope que pueden cobrar las provincias