Miércoles de otoño en la Ciudad de Buenos Aires. La Plaza del Congreso vuelve a ser escenario de una postal cada vez más frecuente: jubilados movilizados, banderas en alto, redoblantes sonando y pancartas que claman por dignidad. Pero esta vez no están solos. A su lado marchan organizaciones sociales, trabajadores sindicalizados, dirigentes de la CGT y la CTA. En la antesala de un nuevo paro general, la calle vuelve a hablar.
Desde temprano, el perímetro del Congreso amaneció con vallas y efectivos de seguridad. La tensión, palpable. A metros de allí, las voces que emergen entre la multitud exigen lo de siempre, lo que nunca debió faltar: paritarias libres, aumentos de emergencia, convenios colectivos actualizados y la restitución total de los descuentos en medicamentos del PAMI. Pero también hay una consigna que se repite como un mantra: basta de represión.
La CGT no dudó en hacer pública su adhesión.
“No se pueden tener precios libres y salarios a la baja. Esto no tiene lógica”, lanzó Héctor Daer, secretario general de la central obrera, entre los manifestantes.
“Esperamos que el Gobierno reflexione”, agregó, ante un mar de rostros que lo escuchaban con la mezcla habitual de esperanza y escepticismo.
Rosario también prometía su réplica. Las protestas, como las tormentas, no conocen de fronteras geográficas.
Mientras tanto, en el terreno institucional se desarrollaba otro capítulo del conflicto. El juez Roberto Gallardo le prohibió a las fuerzas federales intervenir en el operativo, haciendo lugar a un amparo presentado por gremios y movimientos sociales. Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich reaccionó con una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, alegando intromisión judicial y ruptura de la división de poderes.
Finalmente, fue la Policía de la Ciudad la encargada del control de las calles, mientras que las fuerzas federales custodiaron los accesos del Congreso. La postal fue la de siempre: efectivos apostados, caras de piedra, un cordón que separa a los de adentro de los de afuera.
Por precaución —y para evitar lo ocurrido el pasado 12 de marzo— fueron retirados 160 contenedores de residuos de los alrededores. Aquella jornada, marcada por la represión y los enfrentamientos con hinchadas de fútbol, dejó heridos, detenidos y un sabor amargo que esta vez, al menos hasta el cierre de esta crónica, no se repitió.
La jornada concluye con la mirada puesta en el reloj. A la medianoche comienza el tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei. Será por 24 horas, aunque con colectivos en funcionamiento, ya que la UTA decidió no adherir.
“Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, explicó su vocero Mario Calegari.
El telón cae, pero el escenario sigue armado. Porque cuando el pueblo se cansa, la calle se convierte en su micrófono.